En una vuelta dialéctica insólita, el Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Mauricio Macri, culpó al gobierno nacional por las agresiones y gritos
antisemitas sufridos por Axel Kicillof y su familia a bordo de un
buquebus.
"Los escraches hay
que atribuirlos al estado de tensión que genera el gobierno" disparó
suelto de cuerpo el ingeniero. Repitiendo el sonsonete de que el
gobierno "divide a la sociedad entre buenos y malos" y aclarando -por
las dudas, no vaya a ser que se olvide lo dictado por su asesor Durán
Barba- que "no estoy de acuerdo con los escraches, sobre todo si está
con su familia" Macri volvió con su ya consabido juego de agredir
poniendose en víctima.
Por eso, sostuvo que "en 2015 ganar es
lo menos importante, el desafío es volver a unir a la Argentina" en
declaraciones a "Cada mañana" de su aliada Radio Mitre, dejando de lado
que la agresión con cantos antisemitas surgió de un sector de los
pasajeros cuando Kicillof estaba con su familia regresando de sus
vacaciones.
Cambiamos el año pero las prácticas del "ing" macri siguen siendo las mismas:
No puede gobernar sin vetos
Por segunda vez anuló la ley que amparaba a las empresas recuperadas en
vías de expropiación. También vetó un subsidio para ex combatientes de
Malvinas que trabajan en la administración porteña y el permiso para una
feria en San Telmo.
Mauricio Macri volvió a la carga con los vetos de leyes sancionadas por la Legislatura porteña. El jefe de Gobierno dejó sin efecto nueve normas, la mayoría de ellas de interés social, todas aprobadas por unanimidad, con el acuerdo de los legisladores del PRO. Como hace un año, resultó vetada la ley que ampara el proceso de expropiación de empresas recuperadas por sus trabajadores. También anuló la norma que establecía un subsidio vitalicio para los ex combatientes de Malvinas que trabajan como empleados del gobierno porteño y otra que legitima el funcionamiento de una feria artesanal en la calle Defensa. Incluso resultó objetada una ley que promueve la donación de órganos mediante leyendas en las facturas de ABL.
Los decretos con los vetos fueron firmados por Macri el 15 de enero último. Sólo dos de ellos fueron publicados en el Boletín Oficial, pero todos fueron girados a la Legislatura. Allí fue donde se enteraron los legisladores.
“Los vetos nos hacen perder confianza en los acuerdos legislativos que se dan con el propio bloque del PRO y con el presidente de la Legislatura (Cristian Ritondo)”, dijo a Página/12 la diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), titular de la comisión de Desarrollo Económico y una de las impulsoras de la norma que protege a las empresas recuperadas.
“El año pasado ya había vetado otra ley de prórroga para amparar a las cooperativas que aún no habían iniciado el proceso de expropiación. Desde la primera mitad del año, el diputado (Juan) Cabandié había presentado un nuevo proyecto, pero recién pudimos consensuarlo en noviembre. Estuvieron los representantes de las cooperativas con los diputados del PRO y de la oposición”, relató Bisutti. La ley fue aprobada por unanimidad.
La legisladora advirtió que “ahora muchas empresas que han sido recuperadas por sus trabajadores pueden correr el riesgo de que algunos de los empresarios que las abandonaron en plena crisis, ahora quieran volver a hacerse cargo”.
Otra de las normas vetadas fue la ley 4437, que se aprobó también por unanimidad, a partir de un proyecto del diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) y otros cinco presidentes de bloque. La ley convertía en vitalicio y hereditario un subsidio a los ex combatientes de Malvinas que trabajen en la administración pública porteña. Bodart, en declaraciones a Página/12, calificó de “falsos” los argumentos para vetar la ley, ya que “no se ampliaba el número de beneficiarios, ni se requería más presupuesto”.
El legislador aclaró que el beneficio involucraba a unos 200 trabajadores de planta permanente, ex combatientes de Malvinas, que reciben un subsidio equivalente a su sueldo, y que, de acuerdo con la ley vetada, podían seguir percibiéndolo una vez jubilados. Una vez fallecidos, lo hubieran cobrado sus esposas y luego sus hijos, hasta cumplir los 18 años. “Se trata de proteger a la familia de personas que han sufrido y sufren secuelas de aquellos hechos, y no implicaba un gran costo para la Ciudad”, agregó Bodart. “Casi todos los proyectos vetados por Macri son de carácter social”, destacó el legislador.
En efecto, otra ley vetada es la 4458, un proyecto de María José Lubertino que proponía la aplicación de elementos térmicos en la construcción de viviendas para el aprovechamiento de la energía. También fue anulada la ley que restringía la pesca del dorado en aguas del Río de la Plata, otra que indemnizaba a la propietaria de una vivienda, damnificada por una obra en construcción, y la eximición del ABL al club Defensores de Belgrano.
Una vez mas el macrismo aprovecha el verano para golpear con su politica privatista.
Desde el día de ayer, un gran número de personal de seguridad privada, impide el ingreso a toda hora al Centro Cultural General San Martin a cualquier persona que asista a la sala alberdi.
Presentando documentación legal descaradamente falsa (que aprobaría el traslado definitivo de la sala alberdi), la dirección del centro nos notifica que “el Centro Cultural San Martín permanecerá cerrado debido al receso de verano desde el día de la fecha (2/1/2013) hasta el 10 de Febrero”.
Esta medida atenta de manera directa contra nuestra politica cultural, el mismo día que empezaban nuestros talleres de verano, y pretende concretar un desalojo gradual, impidiendo el contacto directo con el exterior a las personas que permanecen en la Toma y Autogestión de la Sala Alberdi .
El ministerio de cultura, dirigido por Hernan Lombardi y la directora del centro cultural, Gabriela Ricardes, exponen cobardemente a sus trabajadores a cumplir ordenes por fuera de la legalidad, obligandolos a llevar a cabo actos de discriminacion y falta total de los derechos humanos, mientras la situación se torna cada vez más violenta y ellos siguen sin dar la cara.
De esta manera se intenta completar la privatización integral del centro cultural más grande de América Latina, donde un teatro situado en el 6° piso resiste y se autogestiona hace 2 años y medio mediante talleres y espectáculos a la gorra.
Entendiendo la emergencia que atraviesa la toma y la autogestión del espacio, la asamblea resuelve:
Realizar un acampe cultural indefinido en la entrada del Centro Cultutal San Martín para exigir el libre acceso al mismo y garantizar las actividades programadas por la sala alberdi.
Por eso convocamos a toda persona, organización social y artistas que se puedan solidarizar con el acampe, a acercarse con su carpa y a participar de las jornadas de lucha permanente.
Hoy, jueves 3 a las 19hs. se proyectará el documental de la sala y se cocinará un olla popular.
Viernes 4 se realizará un gran festival con números teatrales, bandas músicales, circo y otras muestras artísticas, con olla popular incluida.
Exijimos:
El libre acceso al centro cultural y garantía para realizar las actividades ya programadas de la sala alberdi
Cese de hostigamiento y discriminacion a los participantes de la asamblea.
Que reconozcan a quienes autogestionamos la sala como “tutores del espacio”, ya que somos actualmente los protectores de su integridad fisica y los garantes de su identidad historica como espacio de produccion, divulgación y formacion artistica
Piden al gobierno porteño la "reapertura urgente" de la colonia de vacaciones del Garrahan
Lo reclamó la Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz. La colonia de vacaciones funciona desde hace 10 años en el hospital y su directora fue notificada el miércoles.
La funcionaria aseguró que el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich no atendió a sus llamados ni recibió explicación alguna de parte de esa cartera, con la que espera poder reunirse en las próximas horas.
“Vamos a pedir al ministro que reflexione sobre esto, que es por la salud de los niños”, afirmó.
El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por presunta asociación ilícita, incumplimiento de sus deberes y fraude con las licitaciones relacionadas con el metrobus y las ciclovías.
La acción penal, radicada ante el juez federal Daniel Rafecas, la presentó el abogado Antonio Liurgo, quien incluyó en su denuncia al ministro de Hacienda Néstor Grindetti y al subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich.
Ante lo que mencionó la imposibilidad de obtener información por otra vía, el letrado pidió al juez que ordene el allanamiento de oficinas del Ministerio y de la subsecretaria para “secuestrar toda la documentación vinculada con el proyecto licitación y ejecución de los programados 100 kilómetros de ciclovía y metrobus”.
Liurgo expuso que, hace dos años y como colaborador “ad honorem” del diputado Marcelo Parrilli, inició una investigación sobre las licitaciones que realiza el gobierno porteño.
El letrado dijo que en reuniones de trabajo comentó su opinión sobre los costos de la bicisenda, los que calificó que “injustificables y delictivos” y que también había detectado “otra asociación ilícita” pero para la obra pública.
Liurgo agregó que, cuando en octubre de 2010 esperaban en el recinto al mínimo de diputados para sesionar en la Comisión de Juicio Político, “observamos que el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, en una jugada política con operación de prensa incluida, no baja”, argumentando que el abogado le generaba temor.
“Pasé –consignó el letrado- de investigador a imputado en una patraña armada infantilmente”, en lo que “todo indicaba” que “el también procesado “asesor estrella” de Macri, Jaime Durán Barba, oficiaba de libretista, con la anuencia de los medios afines al jefe de Gobierno capitalino”.
Liurgo afirmó que “en estos días surge por todos los medios de comunicación que en las contrataciones de las bicisendas se habrían cometido irregularidades con las empresas intervinientes en la licitación, al igual que el con el Metrobus”.
El denunciante acotó que “el hilo conductor de la investigación surge del alarmante valor adjudicado al cordón separador de carriles de tránsito, justamente el utilizado en ambas obras, Metrobus y Bicisendas y del valor del Hormigón facturado a la Ciudad”.
El letrado expresó que “se licitan obras que según el propio gobierno de la Ciudad superarán 60.000.000 de pesos, pero del análisis de los plexos licitatorios surgiría claramente que se dilapidarán más de 100.000.000".
Liurgo aclaró que “en realidad es una sola y única obra, que se fraccionó en varias licitaciones” casi todas inferiores a 500.000 pesos” para “zonificar las contrataciones” y evitar el control, la visualización global de los montos y la consiguiente remisión a la Procuración, que necesariamente hubiese evitado el hecho o de convalidarlo hubiera participado del ilícito”.
La denuncia contiene además numerosos datos y números relacionados con la construcción de carriles y materiales empleados para las bicisendas y el Metrobús que recorre en casi toda su traza la avenida Juan B. Justo de esta ciudad.
Como prueba, Liurgo solicitó a Rafecas que designe a peritos ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad de Buenos Aires para que, entre otros puntos, informen sobre los “costos reales de los materiales utilizados para la construcción de las obras”.
Según confirmó la ONG Ciudadana Defendamos Buenos Aires y luego de participar en una serie de reuniones con ciudadanos de Palermo Chico, los vecinos le iniciarán una querella criminal contra el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el titular de la AGC, Javier Ibáñez, y el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, tras el derrumbe que se produjo el viernes pasado en la calle Sinclair al 3.000.
“Los vecinos de Palermo Chico están hartos de vivir en peligro por las obras que autoriza Mauricio Macri. De hecho varios de ellos me adelantaron que se mudarán de la zona por considerarla insegura. Me solicitaron que estudie el caso con miras a iniciar una querellar criminal contra el Jefe de Gobierno en atención a los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de autoridad (artículos 248 y 249 del Código Penal)”, declaró el abogado Javier Miglino, titular de la ONG.
Según continuó Miglino, “los derrumbes y las tragedias no ocurren por la lluvia, ni los pozos surgen de la nada. Las obras son autorizadas por el Gobierno de Macri, quien asume la responsabilidad por esa autorización. Estas obras deben llevarse a cabo con toda la proyección necesaria, estudio de suelos y cuidados de manera tal que la obra soporte todas las contingencias del tiempo a lo largo de ejecución. En el caso del derrumbe de la calle Sinclair al 3000, el pozo que se tragó parte de la Ciudad no es un pozo espontáneo, es una excavación de más de 15 metros que se practicó al solo efecto de construir cocheras subterráneas”.
Para finalizar, el abogado reiteró que "la gente está harta de todo lo que está pasando. Es una zona de edificios más caros de la Ciudad. La casa lindera a la de Sinclair también corre peligro de derrumbe. Vamos a sentiar a Macri en el banquillo de los acusados".
La Ciudad de Buenos Aires padeció 22 derrumbes en la era Macri, que produjeron 10 muertos, 99 heridos y 100 millones de pesos en daños materiales.
Los más graves fueron:
Diciembre de 2009, Avenida Córdoba y Pringues, en el barrio de Villa Crespo, luego de un derrumbe murió un obrero aplastado por una loza. Otros dos quedaron heridos.
Agosto de 2010, Mendoza al 5.000. Luego de que una máquina excavadora dejó al aire los cimientos y la pared medianera de un antiguo petit hotel de 3 pisos, se derrumbó todo el edificio. En los pisos superiores funcionaba el gimnasio "Orión". Murieron 3 personas.
Al mes de "Orión", el 10 de septiembre de 2010, se vino abajo un entrepiso en el boliche "Beara" de Palermo. Dos chicas fallecieron aplastadas. Fue en Avenida Scalabrini Ortiz 1638.
Octubre de 2011. En la Avenida Directorio 428, Caballito, se derrumbó el techo de una obra en construcción. Un obrero falleció aplastado.
Noviembre de 2011. Se vino abajo el edificio de Bartolomé Mitre 1232. Isidoro Madueña murió aplastado y fue encontrado varios días después, porque Macri había dado orden de demoler el resto del edificio, argumentando que era imposible que haya víctimas entre los escombros.
A fines de mayo de este año, en una obra de Emilio Mitre al 600 en el barrio de Caballito, un obrero falleció aplastado al caerle encima parte de una pared medianera.
Este viernes último el Dr. Octavio Pérez Galimberti falleció aplastado por una loza que le cayó encima en la calle Lavalle al 1500.
A las pocas horas en la calle Sinclair al 3.000, en Palermo, se produjo un gravísimo derrumbe que se tragó parte de la calle, la vereda, los árboles y puso en riesgo toda la manzana que fue evacuada por ese motivo.
En medio del conflicto gremial que tiene paralizados a los subterráneos desde hace ocho días, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri criticó a los delegados de las seis líneas y acusó al gobierno nacional de promover el paro. "Los metrodelegados, a esta altura, queda muy claro que han sido una creación del kirchnerismo y responden a una consigna kirchnerista", afirmó el empresario en una conferencia de prensa.
Antes había especulado con que el viaje en subte debería "estar 5,50 pesos", es decir, un 120% por encima del valor actual que el mismo alcalde ya aumentó un 127% cuando aceptó gestionar el subte en enero.
A pesar de la conciliación obligatoria dictada en la noche del jueves por la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, los subterráneos porteños continuarán detenidos en la jornada de hoy y es probable que tampoco circulen mañana.
El alcalde capitalino responsabilizó a los representantes de las seis líneas del subte por el fracaso de las negociaciones y acusó al kircherismo de impulsar la medida. "Aquellos que iniciaron el paro impiden que el paro termine, y responden, como hemos dicho, a la señora presidenta", apuntó. "¿A dónde estaba (Roberto) Pianelli anoche (por el jueves)? Yo me informé por la prensa. ¿Qué hacía en la madrugada en la Casa Rosada?", especuló en referencia al encuentro que mantuvieron referentes de la CTA con Cristina Fernández.
El ex presidente de Boca aseguró que "no hay vocación de trabajar en conjunto" por parte de la administración kirchnerista, sino "vocación de atropellar a la Ciudad", y citó como ejemplos "la media sanción del proyecto que le quita al Banco Ciudad los depósitos judiciales, el retiro de la Policía Federal de lugares públicos y el aumento de la luz".
Pocas horas antes, en una entrevista radial, el jefe de gobierno había asegurado que el precio del boleto, que la administración porteña aumentó el 127% en enero pasado, debería ser aún mayor.
"A cómo funcionan hoy las líneas, el boleto debería estar a $ 5,50. Para que no cueste plata ponerlos en marcha, debería valer eso. La verdad es que si funcionase eficientemente, esta tarifa podría estar en la mitad. Hay todo un desmanejo en el sistema de transporte y los subtes no son una excepción, por más que digan que están mejor mantenidos que la red ferroviaria", justificó Macri.
Desde el PRO calcularon "para que los subtes se pongan en funcionamiento y solamente por costos de explotación", un presupuesto de 1350 millones de pesos. En Bolívar I estimaron que hay 250 millones de pasajeros que utilizan anualmente el subte y, para que no salga ni un solo peso de las arcas porteñas, los usuarios deberían abonar un boleto de entre 5 y 6 pesos.
¿De qué depende la cifra final? "Si el boleto de colectivos se mantiene en los valores actuales, el pasaje de subte va a estar más cerca de los seis pesos. Si aumentan los coletivos, entonces puede ser que la tarifa esté más cerca de los cinco pesos", dijeron. La explicación del costo guarda relación con la demanda: si sube el precio de los boletos de los colectivos, en el macrismo suponen que más usuarios se volcarán al subte y viceversa.
Macri, en una reunión que mantuvo el pasado martes con algunos legisladores porteños, había barajado otras opciones para hacer frente a los costos operativos de la más antigua red de subterráneos de América Latina. "Si hay que poner 1000 millones de pesos para que funcionen los subtes, entonces vamos a tener que recortar becas estudiantiles y las obras en hospitales", habría chicaneado Macri a los diputados porteños, según confió uno de ellos.
Un operador del PRO realizó un análisis similar el jueves por la tarde. "Esto es muy fácil, si vos gastás más plata la tenés que sacar de algún lado. O subís impuestos o hacés menos obra, es bastante simple. Y subir los impuestos en esta época, cuando la gente empieza a dejar de pagar es bastante complicado", explicó antes de recordar el desaire de Fernández a Macri la semana pasada en un acto en la Bolsa de Comercio, cuando el alcalde le solicitó una reunión. "Ni le contestó", se ofuscó el funcionario porteño.
Desde Casa Rosada, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, objetó los argumentos de Macri, a quien tildó de "irresponsable" y recordó que había "45 coches nuevos" a disposición de la Ciudad. "Estuvo una semana diciendo que no tenía que intervenir la Secretaría de Trabajo. Al final tuvo que hacerse cargo, lo lamentable es que podría haberle evitado seis días de paro a la gente si intervenía desde el principio", disparó el oriundo de Chivilcoy.
"El gobierno nacional acordó más de 1500 paritarias sin ningún problema, y en cambio Macri ni siquiera pudo arreglar una", con los trabajadores de los subterráneos, insistió.
Desde el ministerio recordaron que Nación se comprometió a girarle a la Ciudad 360 millones de pesos en 12 cuotas. "Ya transferimos 240 millones de pesos para el subte y hay 124 millones (el resto lo utiliza Metrovías para operar) que Macri tiene disponibles para hacer obras", argumentaron.
Consultados acerca de la estimación que hizo el alcalde sobre el aumento de la tarifa, respondieron con ironía. "Es una potestad que tiene él, si habla de eso es porque piensa en hacerse cargo", se mofaron. «
Incidente con un periodista
Mauricio Macri, protagonizó anoche un incidente con un periodista radiofónico, a quien acusó de realizar preguntas con intencionalidad política y como "militante", durante la rueda de prensa que ofreció en el marco del conflicto gremial que mantiene paralizadas las seis líneas de subtes y el Premetro.
"Déjeme responder, o usted vino acá como militante", le espetó Macri a un periodista que intentaba hacer una repregunta, disconforme con una respuesta del jefe de gobierno sobre la validez de los reclamos salariales de los trabajadores de los subterráneos hacia la empresa Metrovías. El cruce se produjo luego de que Macri acusara a la presidenta de atacar al periodismo y declarara su posición "al lado de cada periodista independiente que ha sido amedrentado por el gobierno". "Yo estoy con la libertad de expresión", enfatizó. El periodista Gustavo Abu Arab, movilero de larga trayectoria en Radio Del Plata intentó infructuosamente responder la acusación de "militante" realizada por el jefe de gobierno, sin lograr que le devuelvan el micrófono, mientras Macri se limitó a responder repetidamente "guardemos las formas".
El secretario Adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, Néstor Segovia, señaló que Macri "muestra debilidad política al acusar de kirchneristas a los metrodelegados".
"La decisión es por 24 horas, nunca dijimos que era por tiempo indeterminado, por eso hoy vamos a comunicar cómo seguimos", explicó.
Además, en declaraciones radiales, el dirigente dijo que "desde hace un año que estamos intentando dialogar" con el jefe de gobierno Mauricio Macri y recordó que los obreros se habían pronunciado contra el aumento del boleto.
Y, acotó que la huelga seguirá "hasta que Metrovias se siente a discutir las paritarias".
Por su parte, Macri admitió el fracaso de la negociación en la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad, aunque insistió en que ese servicio "es responsabilidad de la Nación".
"Es un paro político y salvaje que nunca había pasado hasta ahora” dijo ayer en conferencia junto a gran parte de su gabinete. Y agregó que el origen de la medida de fuerza “no es un problema de recursos”. Además, aseguró que “seguirá trabajando” en su “ámbito” para resolver el conflicto.
En cuanto al dilatado conflicto, Segovia denunció: "Esto está mal barajado desde entrada, de mala leche por parte de los dirigentes de arriba, hoy estamos embarrados y hacen que nuestro conflicto se torne político y dejarnos como los malos de la política".
El gremialista acotó que la huelga seguirá "hasta que Metrovías se siente a discutir las paritarias y ya que él (Macri) dice que no tiene plata, (hasta) conseguir las condiciones de trabajo".
El dirigente analizó que "el problema que está teniendo ahora Macri es que de entrada entró en la interna gremial" que enfrenta a los metrodelegados y con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). "Y eso quedó demostrado anoche porque a nosotros anoche nos llevaron a un cuartito, nos dieron café, nos dejaron ahí once horas sin hablar con nadie, y después sale con la UTA, con un acta trucha, diciendo que se firmó un 23 por ciento si, por casualidad, alguien nos da la plata".
El sindicalista se refirió así a la extensa negociación mantenida ayer en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo porteña, al término de la cual se informó que la UTA aceptó un acuerdo salarial del 23 por ciento, mientras los metrodelegados decidieron continuar con la medida de protesta.
“El terreno que vamos a usar es un terreno que es de la Ciudad, no es del Borda”, aseguró ayer el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, al defender su proyecto para construir un centro cívico en los mismos terrenos donde funciona el centro de salud mental, ubicado en Barracas. Sin embargo, en ese terreno funciona un taller donde los internos hacen tareas de rehabilitación. Ayer, una asamblea de trabajadores y profesionales de ese hospital y del Moyano y el Tobar García y los Talleres Protegidos dispuso un paro de actividades para el jueves próximo, en rechazo a que la construcción se haga en un predio del hospital. En tanto, cuatro legisladores porteños presentaron ayer un recurso de amparo para que la Justicia suspenda el inicio de la obra hasta tanto sea tratada por la Legislatura, “como establece el Código de Planeamiento Urbano”.
El proyecto para construir la nueva sede de la Jefatura de Gobierno en parte de los terrenos donde se asienta el Borda fue presentado públicamente en septiembre del año pasado. Todo fue muy rápido desde entonces: hubo un concurso de proyectos organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y el 13 de febrero se llamó a licitación para la obra. Mientras, la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, buscaba el consenso de los gremios con promesas de realizar obras pendientes en el hospital si no interferían en la obra. El 1º de agosto se firmó el contrato con la empresa constructora, que esta semana intentó comenzar con las obras, cosa que los trabajadores impidieron.
Macri desestimó la protesta al sostener que el nuevo edificio ocupará “un terreno que es de la Ciudad, no del Borda”. Explicó que en ese predio “había un taller protegido donde se hacían tareas, oficios con los pacientes”, por lo cual “se hizo uno nuevo (en otro sector) que está muchísimo mejor para el personal y para los pacientes, y ya está listo”.
Página/12 recorrió el lugar el miércoles y pudo ver que el taller está en plena actividad: allí los internos aprenden oficios y construyen muebles de hierro y madera. Por otra parte, desde el Ministerio de Salud informaron que el nuevo espacio adonde se trasladaría el taller protegido aún no está terminado, es decir, que no “está listo”. Se trata del Taller Protegido Nº 19, ubicado en los fondos del hospital, sobre la calle Perdriel, donde se planea construir el centro cívico.
El conflicto llegó a los tribunales porteños. Los diputados María Elena Naddeo, Aníbal Ibarra, Fabio Basteiro y Virginia González Gass presentaron un recurso de amparo para reclamar la suspensión de la obra. Argumentan que, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano, en los casos de “grandes equipamientos a escala urbana”, cuando la situación del predio “pretenda ser alterada afectando una superficie superior al 20 por ciento del total de la parcela” o se pretenda “desafectar el uso principal” (como en este caso), la cuestión deberá ser “remitida a la Legislatura para su tratamiento”. “Aquí, hasta ahora, el uso principal es el de hospital y se lo pretende modificar para que sea administración central”, dijo Na-ddeo a Página/12.
“El proyecto forma parte de un objetivo más ambicioso, con el que nadie puede estar en desacuerdo: el de promover el desarrollo de la zona sur de la Ciudad”, aclara la presentación de los legisladores. Pero advierten sobre la falta de información acerca del proyecto ya que, sostienen, no tuvieron acceso a los planos de la obra ni al llamado a licitación pública, pese a haberlo requerido al Ministerio de Desarrollo Urbano. “La información tampoco está disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad”, advierten.
Por tercer día consecutivo, la empresa constructora intentó iniciar las obras con un vallado, pero los trabajadores del hospital lo impidieron. Luego, en una asamblea, resolvieron un paro de actividades para el jueves y un acampe en el lugar donde está previsto realizar la obra durante el fin de semana.
Gabriel Cavia, de la Asociación de Profesionales de la Salud, rechazó la afirmación de Macri, “que usó el término de ‘patota’ para referirse a los trabajadores que impidieron a los obreros de la empresa continuar con las obras”. “Nosotros somos trabajadores y no vamos dejar de respetar a otros trabajadores. Nos hemos dirigido con prudencia en todo momento con los obreros de la empresa”, aclaró.
Replicamos este compilado del compañero Eduf90 en Taringa: LINK
CIUDAD CAÓTICA
Mauricio Macri también profundizó su modelo.
La realidad de los porteños hoy no tiene buena cara. En los últimos meses hemos tenido que lidiar con problemas que jamás pensamos atravesar de la manera que atravesamos, por lo menos no desde aquellos años de crisis general para todo el país. Vivimos en un deja vu de maltrato, abandono y prepotencia que parece acrecentarse día a día.
Vamos a repasar cada uno de los ¿logros? que el pro ha hecho en nuestra ciudad, donde delinean su proyecto 2015, y donde los porteños somos rehenes de los caprichos del niño Mauricio
Miro tu mente y veo, "Basura".
la Ley Basura Cero, estableció en 2007 la reducción de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
Las metas a cumplir por el gobierno de Mauricio Macri eran de una merma del 30% para 2010, de un 50% para 2012 y un 75% para 2017.
Pero en los últimos cuatro años, la Ciudad de Buenos Aires incumplió su Ley de Basura Cero en 3.641.499 toneladas. Para ser gráficos, la diferencia entre lo que marca la ley y la realidad sanitaria porteña equivale a 21.420 veces el peso del Obelisco, pero no en metal y concreto, sino en bolsas de basura.
Los desperdicios porteños –que acaparan casi el 40% de lo enviado a los rellenos– son enterrados en el Complejo Ambiental Norte III, en José León Suárez, y el Centro de Disposición Final de González Catán. Casualmente, se trata de dos predios que, según los funcionarios y las organizaciones ambientalistas consultadas, ya colapsaron.
La Ciudad se comprometió a financiar la construcción de dos nuevos rellenos y dos plantas de transferencia, en tanto que la provincia debía encontrar un lugar donde ubicarlos. Hoy, la realidad indica que el acuerdo nunca se cumplió.
Pero estos predios, además de estar saturados, también son señalados como una amenaza ambiental y sanitaria para las familias que viven cerca de los basurales y que denuncian contaminación y enfermedades de todo tipo.
Según un informe realizado por Greenpeace, “los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del Conurbano contienen una variedad de sustancias químicas. (…) Al descomponerse los residuos, se liberan líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas, y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas.”
A este estado de situación, complejo de por sí, se suman los gruesos incumplimientos a la Ley de Basura Cero por parte del gobierno porteño, que desde el 1 de junio deberá pagar un 35% más en concepto de canon para enterrar sus desechos en José León Suárez.
La CEAMSE también le exigió a la gestión de Macri una “disminución efectiva” de sus emisiones y adelantó que, a raíz de “la disponibilidad crítica” de espacios, se dará prioridad a los municipios del Conurbano Bonaerense.
De todas formas, para Celia Frutos, integrante de Vecinos Autoconvocados de González Catán, el problema sigue sin resolverse. “Lo que no tienen en cuenta –se quejó Frutos– es que nos tiran la basura a nosotros, que la contaminación afecta nuestra salud”.
Y mientras sigue el conflicto con la Ciudad, se hace cada vez más evidente que, además de rellenos, se necesitan políticas de fondo. Ojalá no tengamos que imaginarnos una ciudad llena de bolsas de basura en las calles otra vez.....
Menos educación: Cierre de cursos y grados en las escuelas porteñas.
Estamos defendiendo el derecho a la educación de los chicos.” Esa fue la consigna que reunió durante semanas a padres, docentes, alumnos y vecinos de los barrios de la ciudad de Buenos Aires para realizar abrazos simbólicos, marchas y manifestaciones en las escuelas, en protesta contra el cierre de 221 cursos y grados dispuesto por el Ministerio de Educación porteño.
Por ejemplo un caso puntual en el barrio de Palermo: Se realizó una protesta en la Escuela 12, en el marco de la “semana de lucha” que realiza la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) en distintos establecimientos educativos. Amanda Sarmiento, secretaria de la cooperadora de padres de la escuela, explicó que “el grado que se quiere cerrar es un segundo que tiene diez chicos, y fusionarlo con otro que tiene 15. Tienen esa cantidad de chicos porque es lo que el tamaño de las aulas permite. En realidad, la escuela está aumentando su matrícula entre 35 y 40 chicos anualmente. Entonces, no es una escuela con baja matrícula; ocurre que ese grado, por la capacidad del aula, tiene esa cantidad de alumnos. No queremos que los chicos estén amontonados como cosas; son niños que vienen a estudiar”
Volvimos a las carpas blancas, que fueron instaladas frente a la Jefatura de Gabinete porteño, se realizaron abrazos simbólicos a las escuelas afectadas por los cierres de cursos, radios abiertas y clases públicas.
Finalmente se concretó a principios de mayo en su totalidad el cierre de los 96 cursos de nivel medio y primario por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, a pesar de los numerosos reclamos de la comunidad educativa
Se derrumba la Ciudad
Ya no se escucha como antes, pero algunos todavía recordamos aquel terrible derrumbe en el barrio de San Nicolás, en la calle Bartolomé Mitre donde la mitad de un edificio de diez pisos y 30 departamentos (repartido en tres cuerpos), se derrumbó porque los cimientos habrían sido afectados por la excavación y otros trabajos en una obra que se realiza en el terreno vecino.
La falta de controles y los beneficios a los negocios inmobiliarios son estrellas en la gestión Pro en la ciudad, y esto no es gratis, y se ha cobrado vidas, y familias han quedado en la calle por esto, sin un Estado que los proteja aunque sea una vez que perdieron todo.
Para el ingeniero Edgardo Castro, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, "hay un récord de derrumbes en la Ciudad por obras porque en un año hubo 13 hechos. (21 derrumbes solo en su gestión, y 3 de ellos mortales). Las medidas de seguridad son para que no suceda nada, no para lamentarse después del derrumbe. En cualquier medida de ingeniería tengo que tener la previsión de que me voy a encontrar con cosas que yo no sé, sobre todo en este tipo de terreno con edificios de 60 años."
Las causas claramente están relacionadas además de la falta de controles, con el boom inmobiliario:
Once barrios porteños concentraron el 80% de las construcciones en la primera década del siglo XXI, según informó Gustavo Desplats, de Proto Comuna de Caballito, quien advirtió la "falta de control de las obras y de planeamiento urbano de la ciudad para maximizar los beneficios económicos".
De acuerdo a esa estimación, el 70% de las obras fue "de lujo"; el 30%, de categoría media; y no hay registros de viviendas económicas.
La construcción de edificios en Buenos Aires creció en el primer semestre del año un 37,7% en relación con el mismo período de 2010, el equivalente a 73 edificios nuevos por mes, según un trabajo de la consultora Urbeos.
Una locura, más si se hace sin los controles mínimos que aseguren las construcciones y e bienestar de los vecinos. La frase central de Mauricio Macri sobre este tema: "Por fortuna, hubo una sola persona desaparecida."...hablaba de Isidoro Madueña, quién una semana después del derrumbe, fue enconrtado sin vida bajo los escombros del edificio. Tarifazos para todos. Vaciando Buenos Aires
Los porteños comenzaron ya a recibir, en abril de este año, las boletas con el nuevo valor del impuesto al Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) aprobado por el macrismo en diciembre pasado, y que para algunas comunas alcanza el 300%, si bien el promedio general es del 66 por ciento. Además, con el nuevo sistema implementado por la administración del PRO, el pago por ABL dejará de ser bimestral como hasta ahora para abonarse de forma mensual.
Tal como sucedió con la tarifa del subterráneo, cuando a menos de 24 horas de hacerse con la potestad tarifaria el macrismo la incrementó 127%, los aumentos consignados en materia de ABL evitaron todo tipo de gradualismo, convirtiéndose en un verdadero tarifazo. En tal sentido, la primera boleta, cuyo vencimiento se produce a mediados de abril, incluye también el diferencial entre la tarifa abonada durante el primer bimestre –cuando todavía no estaba vigente el aumento– y el nuevo monto.
Pero, adónde va ese dinero?
Expresó la legisladora Laura García Tuñon (Proyecto Sur)“No se sabe qué van a hacer con el dinero que van a recaudar. Por eso, en diciembre nuestro bloque votó en contra. Porque no sólo hay que mirar la casa y dónde está, sino también qué pasa dentro de esas casas. Si son inquilinos, si son madres solteras, si son jubilados. Hay que ver qué pasa en cada caso”, explicó en declaraciones radiales.
El estudio requerido hubiese llevado a analizar detalladamente los casos de las partidas por cada comuna, por lo que no hubiese estado listo por lo menos hasta 2013, un plazo que chocaba con los requerimientos fiscales del gobierno porteño. No nos olvidemos que Macri aumentó el peaje por sexta vez desde que es jefe de gobierno.El Comité Nacional de defensa del usuario vial lo rechazó manifestando que este nuevo tarifazo, como otros aplicados anteriormente, es claramente inapropiado, abusivo, injusto ilegal, discriminatorio y carente de todo fundamento técnico-económicodes de el punto de vista de la ingeniería económica de transporte.
El objetivo del Ejecutivo porteño es llevar aire a las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Con los nuevos valores espera recaudar $ 2314 millones, lo que equivale a $ 924 millones más que el año pasado. Subejecutados casi todos los presupuestos de la ciudad...todavía esperamos respuestas referidas a la inversión de ese dinero.
Cierre de Sala de Terapia Intensiva pediátrica del Hospital Durand
Luego de conocerse la noticia de que la terapia intensiva pediátrica del Hospital Durand se encuentra cerrada por la falta de médicos y personal necesario para su funcionamiento, el macrismo recibió duras críticas por esa situación. “Esperamos que el gobierno porteño designe rápidamente a los profesionales correspondientes, ya que esto sucede en medio de una crisis sanitaria, un brote de bronquiolitis y el aumento del 26 por ciento de la mortalidad infantil en la Ciudad”, dijo el legislador porteño Juan Cabandié.
Sostuvo que “es grave la liviandad con la que Mauricio Macri toma el cierre de la terapia intensiva infantil, dejando librado al azar la salud de miles de niños. No hay excusas, es inadmisible que el distrito más rico del país no pueda garantizar la atención pública de sus habitantes.”
Por su parte, Gabriela Alegre afirmó que “en el 2011, en plena campaña electoral se lo veía en un spot a Mauricio Macri inaugurar las obras. Pero más allá del efecto publicitario, nunca se interesó en designar al personal para que la terapia infantil funcione”.
El aumento de la mortalidad infantil, lejos de ser una cuestión azarosa, es una penosa manifestación de la desatención que hace el macrismo de la salud pública”, consideró.
“No fue una decisión nuestra, jamás hubiéramos decidido cerrar una especialidad que abrimos hace menos de un año. Hubo que cerrar transitoriamente porque renunciaron los tres médicos”, explicó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete porteño
En tanto, Oscar Trotta, médico pediatra del hospital, señaló a Página/12:“Es común que el gobierno porteño busque excusas afuera, primero echándole la culpa a la renuncia de personal médico y enfermero, después a un brote de bronquiolitis. Pero el servicio no se encontraba en óptimas condiciones, no había personal suficiente y los profesionales se vieron desbordados ante el brote de bronquiolitis”, explicó.
“En 2010 fue inaugurada la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del hospital; sin embargo, empezó a funcionar recién en agosto de 2011, pero con déficit de personal”, añadió. “El servicio intensivo infantil se inició con cuatro médicos y ocho enfermeros, cuando en realidad se necesitaban ocho médicos y 18 enfermeros en el área, reclamo que los profesionales hicimos en aquel momento y que nunca fue escuchado por las autoridades de la Ciudad”, dijo Trotta.
La legisladora del Frente para la Victoria Gabriela Alegre opinó: “Los médicos no son los culpables del cierre del servicio del hospital, al contrario, han demostrado su compromiso ya que si seguían atendiendo con esa falta de personal podían, incluso, poner en riesgo la vida de sus pacientes”.
Buscando el cierre del Hospital Borda
Se sabe que las condiciones edilicias, y de los pacientes dentro del Hospital Borda son por lo menos nefastas. Hace más de dos años que piden la instalación de gas en el edificio y no lo consiguen, no tienen luz, no pueden llevar a cabo las actividades de recreación que siempre hicieron, y todos fuimos parte del reclamo para que el Gobierno de la Ciudad reaccione y ponga en condiciones este establecimiento.
Pero nunca iba a pasar. POrque el objetivo está puesto en la construcción del centro cívico porteño en esos terrenos.
Los trabajadores denunciaron durante la recorrida del hospital que para la construcción del centro cívico sería demolido un amplio edificio donde hoy funciona el Taller Protegido Nº 19, donde se realizan tareas de mantenimiento y se construye mobiliario para el hospital y en el que hacen su trabajo de rehabilitación pacientes internados en proceso de recuperación. El proyecto para construir el centro cívico fue anunciado por Macri en septiembre de 2011. Se trata de edificar una nueva sede para la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios en una extensión de tres hectáreas, a un costo de 250 millones de dólares. Desde el gobierno aseguran que no afectará a edificios del hospital, pero todo indica que el enorme galpón que alberga al taller protegido caerá bajo la topadora. Hasta tiene un lugar para mudarse. Curados en salud, los trabajadores no olvidan la intención inicial de Macri de cerrar el hospital y trasladar a los internos a instituciones cerradas. Allí entraron los efectivos de la policía Metropolitana en la noche del miércoles pasado. Tras romper el candado del portón, dieron paso a obreros de una empresa privada de construcción que vallaron los terrenos del Taller Protegido Nº 19 y la cancha de fútbol (único espacio de recreación deportiva de los internos) Estas fueron las palabras de las autoridades del Hospital:
"Estamos preocupados porque esta madrugada, la policía metropolitana entró en forma violenta al hospital, sin ninguna orden, sin fiscal ni juez, ni acto administrativo que justificara que procedieran de esta forma"
"también ingresaron las fuerzas de infantería y seis móviles de la Metropolitana por la calle Perdriel y no dejaron entrar a los medios de comunicación mientras criminalística tomaba fotos y filmaciones del lugar".
"Imaginen lo que significa para un ciudadano que tiene problemas en el alma la presencia del aparato represivo"
El eterno problema del Subte
Y llegamos al punto central y más conflictivo del gobierno de la ciudad.
Hoy estamos en el sexto día de paro de subtes. La ciudad es un caos.
La gente llega tarde a su trabajo, el tránsito es una locura y Mauricio Macri sigue sin hacerse cargo de la responsabilidad que le toca.
Los trabajadores del subte siguen responsabilizando al jefe de gobierno porteño por el problema y Mauricio Macri dice que no aceptará un servicio quebrado, servicio que él mismo pidió, de locos. El Alcalde porteño si se hizo cargo cuando de buenas a primeras aumentó un 127% la tarifa del subte, pero no cree que sea él el que tenga que invertir y poner el servicio en condiciones. Sería asumir un riesgo muy alto hacerse cargo del servicio con las chances de que un accidente pueda mancharle su carrera al 2015 y su único objetivo que es ser presidente.
Así la solución más brillante que se le ocurrió fue poner 500 micros en las calles que reproduzcan más o menos el recorrido de las 6 líneas de subtes, pero esos recorridos eran más cortos, no hacían demasiadas paradas, entorpecieron más el tráfico y la gente seguía igual o más disconforme que antes. Parches...una de las pocas cosas que sabe hacer el PRO
Si a todo esto le sumamos el alineamiento del Pro con Repsol en el tema YPF contra los intereses argentinos, (el PRO fue el único partido que se mostró abiertamente en contra), las vacaciones de lujo de sus funcionarios durante las últimas inundaciones en Capital Federal, su alianza y fraternal saludo con el dictador Federico Franco que hace unas semanas destituyó de manera golpista al presidente Fernado Lugo de Paraguay, sus causas judiciales y su procesamiento por escuchas ilegales, los talleres clandestinos que reducen a la esclavitud a los empleados de su mujer Juliana Awada...Podemos afirmar que su gobierno es un completo desastre. Que va en picada, y lo peor? Que nos arrastra a todos los porteños con él
BASTA DE NEOLIBERALISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
La comunidad teatral independiente de la Ciudad de Buenos Aires se
encuentra en estado de alerta y movilización. El Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la Ciudad
(Proteatro), encargado de otorgar subsidios para salas, grupos teatrales
estables o eventuales, y proyectos especiales, casi no ha hecho
efectivos los 10 millones de pesos aprobados por la Legislatura para
sostener al teatro porteño, duplicando los 5 millones fijados
originalmente por el Ministerio de Cultura, encargado de efectivizar
cada pago.
Ante esta situación, teatristas, titulares de salas, directores,
actores, bailarines, escenógrafos, vestuaristas, iluminadores y
estudiantes pautaron una marcha hacia la Casa de Cultura de la Ciudad
para este miércoles a las 12. A su vez, los diputados Rafael Gentili y
Edgardo Form presentaron un pedido de informes al ministro Hernán
Lombardi y al director administrativo de Proteatro, Juan Manuel Beati,
para saber en qué situación está el organismo.
Según cifras reveladas por el propio directorio, de 146 proyectos
aprobados por el directorio artístico durante 2011 para subsidios de
grupos que no pudieron cobrarse el año pasado, sólo se pagaron tres, y
de unas 95 salas que presentaron pedidos y que fueron aprobados, sólo
ocho se efectivizaron hace unos días, cuando debían cobrar en mayo.
También se adeudan las transferencias a los 116 proyectos de elencos
estables y/o eventuales aprobados para este año, y no se desembolsaron
los subsidios para los 48 proyectos especiales aprobados para 2012,
entre los que se destaca Teatro x la Identidad.
"El directorio aprobó en tiempo y forma; el problema es que el
ministerio no está pagando", expresó César Mathus, miembro del
directorio artístico de Proteatro (en representación de las salas de
teatro independiente), que suele recibir más de 500 proyectos al año.
Esto no sólo significó un problema económico y artístico para los
elencos, que a su vez deben pagar seguro de sala, sino que derivó en un
riesgo de cierre de varias salas que deben financiarse sin subsidios,
como es el caso del emblemático Teatro Payró. Para acceder al subsidio,
las salas deben cumplir con 100 funciones al año, le otorgan un 70% de
la recaudación al grupo teatral y se quedan con el 30% restante, que no
llegan a cubrir si no es con Proteatro. "Las salas independientes no son
manejadas por empresarios, son autogestivas o cooperativas. Se les da,
en promedio, 40 mil pesos al año y para mantenerlas necesitan 300 mil",
ejemplificó Mathus, de ARTEI.
Las diferentes organizaciones teatrales se reunieron el jueves
pasado con Beati, que admitió los perjuicios ocasionados. "El
funcionario se comprometió solamente a agilizar la instancia
administrativa, sin dar precisiones de la decisión política que
destrabaría el conflicto", expresaron en un comunicado conjunto ARTEI,
AINCRIT, la Asociación Argentina de Actores, Teatristas Independiente
Organizados, Argentores, Encuentro Nacional de Actores y Escena.
Mathus reflexionó: "El teatro independiente y alternativo es el
único sector que cubre todos los barrios porteños. Hay cerca de 200
espacios. Se subsidian 100 y se les destina 10 millones de pesos,
mientras que solamente para el Colón hay 200 millones." «
Presupuesto
10 millones de pesos fueron asignados a Proteatro en 2012, poco más
del 1% del presupuesto total del Ministerio de Cultura porteño, de $
905 millones.
.. o la Basura de Macri en la ciudad cada vez peor.
Dentro de esa masa creciente de desechos recolectados, compactados y
enterrados día tras día, las estadísticas revelan que las basuras no
son todas iguales y que su composición diversa es crucial para entender
por qué el Conurbano Bonaerense está cada vez más lleno de basura y por
qué sus rellenos sanitarios están al borde del colapso. Esa acumulación
contaminante, que parece descontrolada, es cuantificada por expertos de
la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana (CEAMSE) y la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desde 1991. Los
resultados son publicados por su Instituto de Ingeniería Sanitaria, que
actualiza todos los años un minucioso Estudio de Calidad de los Residuos
Sólidos de la ciudad y de los 33 principales municipios del Conurbano.
Ese documento suele dormir en los escritorios de los principales
funcionarios relacionados con la gestión de la basura, pero este año fue
exhumado del letargo por la legisladora porteña Claudia Neira, del
bloque Buenos Aires para Todos, que comparó el promedio diario de basura
generada per cápita con la evolución poblacional de la Capital Federal
desde 1947.
Ese contraste estadístico, entre los censos nacionales de los
últimos 60 años con la producción diaria de basura por persona, permitió
al equipo de Neira llegar a una dimensión precisa del descalabro
ambiental que vive la ciudad al calor de la basura. "Si bien la
población residente en la ciudad disminuyó en 150 mil habitantes, la
producción per cápita de residuos sólidos urbanos no dejó de aumentar",
sostiene Neira en el documento "Lo que tapa la basura", un diagnóstico
elaborado por su equipo parlamentario que actualiza las cifras
históricas de producción de basura.
Según el último censo, en los 202 kilómetros cuadrados de
superficie porteña, viven 2.891.082 personas. Sin embargo, esa tendencia
decreciente de la población porteña, que encontró su mayor disminución
en 2010, no implicó menos residuos. En 1972, cada porteño generaba 700
gramos de basura por día, una cifra que llegó a los 882 gramos en 2001, y
que superó el kilo en 2005, cuando la Legislatura Porteña sancionó la
Ley de Basura Cero.
Desde entonces, la evolución de los desechos no experimentó la
reducción que establecía la norma. Por el contrario, se registró una
producción que siempre estuvo cerca del kilo diario de basura producida:
968 gramos per cápita cada 24 horas en 2007; 867 al año siguiente; y
883 en 2009.
Dentro de ese historial de producción, el estudio también revela
que los residuos húmedos, es decir, los más difíciles de reciclar, han
reducido su volumen en los últimos 40 años. "Si bien los desechos
alimenticios mantienen el primer lugar, existe una marcada tendencia a
la disminución: en 1972, significaban el 63,45% de toda la basura; y en
el período 2005-2009 abarcan el 35-41% del total", sostiene el paper,
luego de recordar que una de las basuras más reciclables, es decir los
papeles y cartones, "mantienen una evolución constante con el 15 y 20%
del total en el mismo lapso de tiempo, con un pico del 24% en 2001".
Además, el volumen histórico del plástico confirma su
desaprovechamiento: en 1972, representaba un 2% de todos los desechos;
y, a partir de 2005, esa participación en la torta global de la basura
trepó al 20 por ciento. Ese cambio "indica una tendencia creciente de
las empresas hacia un uso diversificado e irresponsable" del plástico.
La conclusión no tiene otro destinatario que los grandes fabricantes de
envases que, tal como señala el documento, han profundizado su lobby en
el Congreso de la Nación para evitar que prospere una ley nacional de
envases que presentó en 2011 el senador Daniel Filmus (Frente para la
Victoria).
Pero a otras realidades no hay lobby que las frene. Los porteños,
en la actualidad, casi no separan nada de la basura que producen. Su
clasificación estadística, a cargo del CEAMSE y la UBA, permite
comprender las consecuencias. El diagnóstico advierte que "la Ciudad
pagará un 35% más por la basura que entierra, debido al incremento de
desechos, aunque casi el 40% de los residuos que ingresan al CEAMSE
podrían ser reutilizados". Pero la Ciudad recicla "tan sólo un 10% de
toda la basura" gracias al trabajo diario de las cooperativas de
cartoneros. Sin su intervención, la ciudad enterraría 7000 toneladas
diarias, es decir, 600 más que las 6300 que se compactan y luego se
esconden bajo una tenue alfombra de césped.
Este escenario explica por qué el Estado porteño nunca podrá
cumplir con la reducción del 50% de los residuos que estaba prevista
para este año, de acuerdo a la Ley de Basura Cero. Las próximas metas
implican bajar un 75% en 2017 y prohibir "la disposición final de
materiales tanto reciclables como aprovechables para el año 2020", dos
plazos legales que, al parecer, nunca serán cumplidos. La prueba está en
las 2,1 millones de toneladas de basura que se enterraron en 2010, el
doble de lo previsto por ley para ese año, y un poco menos que el nuevo
récord de enterramiento de 2011: 2.277.772,3 toneladas. De ese total,
los 10 mil recuperadores urbanos alcanzan a reciclar el 10% del total,
pero si no lo hicieran –explica Neira–, la Ciudad abonaría 40.500
dólares diarios de los 50 por tonelada (unos 315 mil) que paga el
Estado, el doble de lo que abona en incentivos para los cartoneros
organizados". Una postal muy lejana de aquella imagen de 1947. Ahora, la
nueva ciudad verde es cada vez más desigual: tiene más basura y menos
población. «
Récord
2,277 millones de toneladas de basura generadas en la Ciudad de
Buenos Aires fueron enterradas en rellenos sanitarios durante 2011.
En la avenida Varela al 2600, en el barrio de Villa Soldati, se
levanta una "planta de transferencia de residuos áridos", a cargo del
gobierno porteño y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
(CEAMSE). En los papeles, allí se reciben ramas de árboles, tierra y
escombros, que luego son remitidos a los rellenos del Conurbano
Bonaerense. Pero, en lo concreto, el complejo es un verdadero basural,
donde los desechos conviven con roedores, denuncias por irregularidades y
contaminación. Un auténtico "desastre", según definió la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad. Y eso no es todo: frente al predio hay tres
establecimientos educativos donde, día a día, 800 chicos están expuestos
a la amenaza sanitaria generada por las 1500 toneladas de desperdicios
que cada 24 horas ingresan a la planta.
Pese al pedido de organismos de control, vecinos y ambientalistas
para que el lugar sea cerrado, y de la promesa de clausura hecha hace
más de un año por el macrismo, hasta el momento todo sigue igual.
La gestión de Mauricio Macri fue advertida sobre esta situación
hace ya cuatro años, en 2008, cuando la Defensoría del Pueblo emitió un
primer informe con las anomalías y peligros vinculados al basural. Allí
se constató la inexistencia de una autorización o estudio de impacto
ambiental que habilitara el funcionamiento del complejo. También se
señaló la acumulación de materiales no permitidos, como residuos
"peligrosos, electrónicos, domiciliarios, tambores de gasoil sobre el
piso sin ningún tipo de acondicionamiento y presencia de derrame de
combustible en el terreno". Esto causaba, de acuerdo con la
documentación a la que pudo acceder Tiempo Argentino, "un riesgo tanto
para la salud de los vecinos como para los trabajadores del lugar". En
abril de 2012, la Defensoría corroboró que, a pesar del tiempo
transcurrido, continuaban las mismas y precarias condiciones. Por esa
razón, recomendó la "urgente clausura" de la planta.Consuelo Bilbao,
coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, explicó a Tiempo:
"Toda esa mezcla con residuos electrónicos, que son los más tóxicos y
contaminantes, es muy peligrosa. Al entrar en contacto con aire, agua o
tierra, el impacto se vuelve impredecible. Eso debe tener una
disposición adecuada y no puede estar a cielo abierto."
El ex legislador Eduardo Epszteyn, secretario de Ambiente durante
el gobierno de Aníbal Ibarra, también denunció esta situación en 2008.
"El Ejecutivo no cambió absolutamente nada. La planta sigue en estado de
precariedad y abandono", afirmó Epszteyn.
Por otra parte, también en 2008, la Procuración General porteña, a
instancias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, había pedido
investigar otras posibles irregularidades. Según la versión de varios
transportistas, se les habría cobrado "peaje" a camioneros que
trasladaban volquetes con materiales áridos. La acusación hizo foco en
dos funcionarios: Alberto Báez, por entonces encargado de la planta; y
Alberto Términe, director general de Limpieza. Ambos fueron denunciados
por presunta violación de los deberes de funcionario público y
exacciones ilegales, es decir, coimas. Y aunque desde Ambiente y Espacio
Público no pudieron precisar el estado actual de la denuncia, lo
concreto es que tanto Báez como Términe siguen trabajando para la
Ciudad: el primero es director del Operativo de Higiene en Vía Pública, y
el segundo se mantiene en su antiguo puesto.
En una recorrida por Villa Soldati, este diario pudo observar las
montañas de desperdicios que se acumulan, tanto dentro como en los
alrededores del complejo. Sucede que, según relataron los vecinos,
muchas empresas de volquetes arrojan escombros y basura en las calles
del barrio con total impunidad. Así lo contó Claudia Carbajal, de La
Veredita, un asentamiento donde viven decenas de familias humildes y que
se encuentra a pocas cuadras del predio. "Pasa a toda hora. Los
camiones tiran la basura en la esquina, a metros de la gente. Hay feo
olor y se llena de ratas", sostuvo Carbajal.
Sólo una estrecha calle separa al basural de tres establecimientos
educativos: la escuela infantil Nº 5, donde concurren niños de 45 días a
cinco años; la Nº 9, para chicos de tres a cinco años, y la primaria Nº
23. En total, son unos 800 pibes, muchos de los cuales viven en villas
de la zona, bajo condiciones de vulnerabilidad.
"Son los principales afectados. La planta genera mucho polvillo y
eso va directamente a las vías respiratorias de los chicos", detalló
Mirtha Alonso, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Soldati.
En diálogo con Tiempo Argentino, Carlos María Fuente, director de
la escuela Nº 23, pidió el cierre de la planta y agregó: "También se ven
muchos casos de conjuntivitis. Siempre somos el último orejón del
tarro. No quiero hacer de esta escuela un basural, quiero dignidad para
mis alumnos." Otro de los establecimientos afectados es la Asociación
Juvenil Araucana, un centro que alberga durante el día a jóvenes y
adultos con discapacidad mental. "Esto no nos benefició para nada,
porque para nosotros la higiene es una prioridad", aseguraron desde la
institución, también ubicada frente al predio.
Estas denuncias fueron corroboradas por la Defensoría del Pueblo,
como señaló a Tiempo el defensor adjunto Atilio Alimena (ver
entrevista). Según el organismo de control, se está violando no sólo la
Ley General del Ambiente de la Ciudad, sino también el propio artículo
26 de su Constitución, donde queda en claro que "toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar".
A finales de 2007, durante la gestión de Jorge Telerman, el terreno
fue cedido en comodato para ser operado por la CEAMSE. Desde la empresa
estatal, además de asegurar que sólo reciben "restos de obra y poda",
sostuvieron que "el predio es administrado por la Ciudad. CEAMSE se
encarga sólo del transporte". Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público porteño, que dirige Diego Santilli, respondió a este
diario lo contario: "La Ciudad sólo se encarga de la puerta. Toda la
operatoria puertas adentro es responsabilidad de la CEAMSE."
Por otra parte, la defensoría afirmó que tampoco existen controles
en relación a las toneladas de desechos recibidos y despachados a los
rellenos del Conurbano, ya que el lugar no cuenta con una balanza que
pese a los camiones. De esta manera, no sería posible establecer con
exactitud el valor que debe pagar a la CEAMSE el Estado porteño.
"Estamos recibiendo más basura y pagando de más. Esto no es una
planta de transferencia. Yo lo llamaría, lisa y llanamente, un
desastre", sostuvo el defensor adjunto Alimena, quien en abril pasado
pidió a la Agencia de Protección Ambiental la "urgente clausura" del
lugar. Además, recomendó al gobierno de Macri que se detengan las tareas
realizadas en el terreno y se proceda a su recomposición ambiental.
Frente a la multiplicación de los reclamos, en marzo de 2011
Santilli había dicho que se iba a concretar la clausura, para lo que era
necesario poner en funciones otra planta similar en el barrio Zavaleta.
"Vamos a cerrar el predio y abrir otro donde se va a formalizar el
trabajo y a controlar más", afirmó el ministro, pero ya pasó casi un año
y medio desde aquella promesa.
"Ahora se comprometieron a que en los próximos dos o tres meses la
planta esté cerrada. Hay que ver si cumplen", señaló Alimena. En
Ambiente y Espacio Público aseguraron que "cuando CEAMSE termine la obra
del galpón para insonorizar el predio, Zavaleta va a operar las 24 hs y
se cierra Varela. Estimamos que va a pasar entre agosto y setiembre".
Mientras tanto, quienes siguen esperando son los chicos y los
vecinos de Soldati, uno de los barrios más postergados en el sur de la
Ciudad, donde el macrismo ya dio largas muestras de desidia.
Alimena: "es un delito ambiental"
Atilio Alimena es defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad y
participó de las inspecciones en la planta de transferencia de Villa
Soldati. En diálogo con Tiempo Argentino, el arquitecto aseguró: “Yo lo
llamaría, lisa y llanamente, un desastre.”
–¿Cómo se trata la basura en el predio?
–No hay ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera saben qué tipos de
residuos les llega al lugar. Jamás se hizo nada. El día de mañana,
cuando se tenga que hacer algo, van a tener que descontaminar, hacer un
tratamiento y reacondicionamiento ambiental.
–¿Cuáles son los problemas que ocasiona el predio en los alrededores?
–Lo más problemático es todo el polvillo que se levanta y que de
alguna manera termina afectando las vías respiratorias. Hay que tener en
cuenta que frente al predio se encuentran tres establecimientos
educativos. Además, en las inspecciones constatamos la existencia de
residuos peligrosos.
–¿El lugar cuenta con habilitación para funcionar?
–No, porque el primer paso que se tiene que ejecutar es la
realización de un estudio de impacto ambiental, algo que nunca se hizo.
–¿Quién debe entregar esa habilitación?
–El mismo gobierno de la Ciudad, que tiene que hacer cumplir todos
los formulismos que le pide a un tercero, es decir, a la CEAMSE.
–¿Confían en que cambie la situación?
–El año pasado habían prometido la clausura del lugar pero, hasta ahora, la medida no se concretó.
–Por eso emitimos una nueva resolución este año. Ellos asumieron un
compromiso ahora, después de que redujeron el vuelco diurno y sólo
quedó el nocturno. Ese es un primer paso. Vamos a ver si cumplen con el
cierre.
–¿Cómo se calcula cuánta basura entra al predio?
–Nunca se supo. La CEAMSE cobra a la Ciudad lo que pesa en la
entrada del relleno sanitario. Pero en la planta de transferencia no se
pesa nada. Por eso, ya en 2008, dijimos que esto era una animalada. El
gobierno porteño está, desde hace muchos años, recibiendo más basura y
pagando de más.
–¿Quiénes son los responsables de esta situación?
–Hay responsabilidad tanto de la CEAMSE como de la Ciudad. El
contrato firmado a finales de 2007 por el gobierno de Telerman es un
negocio macabro, porque se realizó justo en un momento de un gobierno
saliente. La Ciudad se tuvo que hacer cargo de un hecho irregular, poner
un montón de dinero, incumplir la Ley de Basura Cero. No se pueden
tomar decisiones de ese tipo en el ámbito gubernamental. Esto, aparte de
ser un delito ambiental, es un fraude al erario público.
La palabra
NIÑOS
Son los más afectados por todo el polvo que despide el lugar y daña sus vías respiratorias.
Las claves
* La planta es en teoría una "estación de transferencia" para
escombros, tierra y ramas de árboles, que luego son remitidos a rellenos
del Conurbano.
* Ya en 2008, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió sobre
la presencia de "residuos peligrosos" y otras irregularidades.
* Los vecinos piden la clausura y aseguran que hay camiones que ilegalmente descargan escombros en la calle.
* En marzo de 2011, el ministro porteño de Ambiente y Espacio
Público, Diego Santilli, había asegurado que iban a cerrar el predio.
La cifra
1500 toneladas
Es la cantidad de residuos que ingresan cada día a la planta de
Soldati. Los camiones trabajan durante la noche y la madrugada: desde
las 22 hasta las seis de la mañana.
Sisi, así como lo oyen, no alcanzo el 300% de 2011. Mauricio vuelve con más aumentos y menos administración como propuesta para 2013.
Después de la última suba del Impuesto Inmobiliario porteño, que llegó a trepar en algunos casos hasta tres veces lo que pagaban los vecinos este año, el Gobierno debe enviar a la Legislatura los nuevos valores que aplicará a partir del próximo ejercicio. La misma ley que contempló el fuerte aumento habilita a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña a enviar cada año, antes del 31 de julio, la actualización de los valores fiscales que busca tomar de base para el cálculo del Impuesto Inmobiliario, que en la Ciudad de Buenos Aires se paga junto con las tasas de Alumbrado, Barrido y Limpieza.
La norma ya fue cuestionada por el kirchnerismo, y los legisladores de ese bloque y otros de la oposición al PRO anticiparon que harán observaciones. Los diputados contarán con 30 días para quejarse y luego la tabla formará parte de la ley fiscal que, junto con el Presupuesto 2013, se aprueba a fin de año. El artículo 227 bis, del Código Fiscal 2012, habilita a Rentas de la Ciudad, que conduce Carlos Walter, a rever los precios de las propiedades para el cálculo impositivo, cada ejercicio. El funcionario debe elevar los valores del terreno y del inmueble a la Legislatura, pero también deberá publicarlos en la web oficial del Gobierno porteño para consulta de los vecinos. Ese valor, que se denomina Valuación Fiscal Homogénea (VFH), se multiplica por 4 y forma parte de la ecuación para definir finalmente cuánto pagará cada contribuyente.
La ley que contempló las fuertes actualizaciones que se están aplicando en este período, además señala que los vecinos nunca pagarán más que el 1% del valor real de la propiedad, es decir, que es el tope que busca Mauricio Macri para recaudar a través de las tasas municipales, y está aún alejado de los valores de base. Las actualizaciones contemplarían hasta un 50% más sobre las facturas 2012, dependiendo de los casos. Es que la ley que sancionó la Legislatura en diciembre estableció un índice de actualización permanente durante cuatro años, hasta que el tributo alcance un 1% del precio de la propiedad.
Con la última modificación sancionada a fines de 2011, el tributo comenzó a pagarse en forma mensual y se dispuso un piso de $ 50 para cada cuota, mientras que el promedio de aumentos fue del 66% en general.
Desde la oposición al PRO están a la espera de la planilla que remita Walter, pero el kirchnerismo ya viene anunciando que quiere que se modifique la norma que permite las actualizaciones de ese modo y en cambio imponer que se realice un censo casa por casa para ver cada situación en particular más allá de la zona en que estén ubicadas las propiedades. «Es imprescindible que la Ciudad ejecute un plan que finalmente termine con la inequidad tributaria, garantizando impuestos acordes con la propiedad y el confort de cada hogar y tenga un efectivo control de las valuaciones fiscales, permitiendo así cuantificar los servicios y prestaciones en cada barrio», indicaron desde el bloque que conduce Juan Cabandié.
Una jueza de la Capital Federal ordenó al gobierno porteño proveer de una solución habitacional a un indigente enfermo durante dos años, y al mismo tiempo, durante ese período, ayudarlo a salir de su situación de pobreza estructural capacitándolo para un empleo y contribuyendo a que recupere su buen estado de salud. Miguel Ángel Ríos, un hombre de 58 años que promovió el reclamo, “es una persona a quien el Estado debe seguir orientando en la búsqueda de una salida definitiva a su problema habitacional y no tornar así regresiva la ayuda estatal del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle, por haberse convertido en un mero asistencialismo que no le permite emerger de su estado actual”. La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Andrea Danas consideró que los subsidios que otorga el gobierno porteño, escasos y limitados en el tiempo, son insuficientes para cumplir con la manda constitucional de velar por la vida digna de los ciudadanos. “Tan regresiva resulta ser la ayuda estatal limitada en el tiempo y en el monto, como el desinterés del Estado en la búsqueda de soluciones alternativas a la problemática en cuestión.”
El fallo, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, aporta una solución momentánea con proyección de definitiva a la situación de Ríos, “un hombre solo, con graves problemas de salud, a la espera de dos cirugías, que se encuentra desocupado, imposibilitado de realizar actividad en razón de su salud y exento de cobertura de seguridad social. Sus únicos ingresos fijos provienen del programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho, se encuentra en situación de calle y pernocta en el Hogar 17 de agosto”. Neuquino de nacimiento, Ríos es padre de dos niños a los que no ve desde 1987, cuando “su pareja abandonó el hogar llevándose consigo a sus hijos”. En 1990 emigró a Buenos Aires, donde trabajó esporádicamente como albañil, fletero, changarín, hasta que “durante 2003 disminuyó el caudal de trabajo y, por ende, sus ingresos y no pudo con el pago de la habitación del hotel que hasta ese momento ocupaba”. Para colmo de males, “le detectaron una hernia inguinal y que por indicación médica de los profesionales del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich debió abandonar cualquier tipo de actividad que implicara un esfuerzo físico”, y luego “comenzó a tener problemas prostáticos.” En 2009 “sufrió una crisis médica y le debieron colocar de urgencia una sonda vesical en el Hospital de Clínicas por cuanto se encontraba en las inmediaciones de dicho nosocomio. Actualmente se encuentra bajo tratamiento en dicho hospital donde mensualmente asiste para el remplazo de la sonda. Por su parte, afirma que tiene pendiente un plan quirúrgico por una obstrucción intravesical por un adenoma en la próstata… actualmente sus únicos ingresos fijos provienen del programa Ciudadanía Porteña”, que ascienden a la suma de 193 pesos, más una suma adicional de 900 ordenada por una medida cautelar de la justicia.
Tras analizar toda la legislación en materia de protección de indigentes, la jueza Danas reivindicó que “el concepto de vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. Y rubricó: “Un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de los Estados Parte, y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto.”
“El Estado pretende limitar su accionar sólo al otorgamiento de un subsidio cristalizado no sólo en su monto mensual sino en forma temporal, dado que se otorga por seis cuotas iguales y consecutivas que pueden ser ampliadas en cuatro más. Mas se desentiende del problema que padecen los beneficiarios, como si la vivienda fuera una necesidad transitoria”, cuestionó la jueza.
Ríos vive hoy en un hotel ubicado en la calle Sarmiento al 1700, “de escasas dimensiones, de aproximadamente 4 metros de largo por 2 de ancho, la ventilación es a través de la puerta principal. Posee dos roperos, una cama de una plaza y mesa de luz; pertenencias que no son de su propiedad. La cocina y el baño son compartidos con los demás inquilinos, por la que estaría abonando la suma de 900 pesos.” Según el fallo, “el Estado ha limitado la obligación que había asumido de orientar a las familias en situación de calle en la búsqueda de distintas estrategias de solución a su problemática habitacional”. Pero –añadió– “la limitación de recursos debe estar fundada y probada. Es decir, un gobierno demandado debe probar, en primer lugar, que efectivamente carece de recursos suficientes, y, luego, que realizó todas las acciones a su alcance para obtenerlos. No bastan las consideraciones genéricas, o la remisión a la cláusula de disponibilidad de recursos como tal, como si ella fuese de aplicación automática.” Y el gobierno porteño “no ha probado una verdadera falta de recursos que imposibilite en el caso continuar brindando a la actora la asistencia habitacional requerida”.
“No se trata de sacar de la situación de crisis a una familia, para luego de concedida una suma por un determinado tiempo, considerar que el objetivo del programa se haya cumplido. Nada más lejos de la voluntad del constituyente, que diseñó una Carta Fundamental orientada a superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”, resume el fallo. «
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