Denuncias por fraude en las licitaciones del metrobus y las bicisendas de Macri

El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por presunta asociación ilícita, incumplimiento de sus deberes y fraude con las licitaciones relacionadas con el metrobus y las ciclovías.

La acción penal, radicada ante el juez federal Daniel Rafecas, la presentó el abogado Antonio Liurgo, quien incluyó en su denuncia al ministro de Hacienda Néstor Grindetti y al subsecretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad, Guillermo Dietrich.

Ante lo que mencionó la imposibilidad de obtener información por otra vía, el letrado pidió al juez que ordene el allanamiento de oficinas del Ministerio y de la subsecretaria para “secuestrar toda la documentación vinculada con el proyecto licitación y ejecución de los programados 100 kilómetros de ciclovía y metrobus”.

Liurgo expuso que, hace dos años y como colaborador “ad honorem” del diputado Marcelo Parrilli, inició una investigación sobre las licitaciones que realiza el gobierno porteño.

El letrado dijo que en reuniones de trabajo comentó su opinión sobre los costos de la bicisenda, los que calificó que “injustificables y delictivos” y que también había detectado “otra asociación ilícita” pero para la obra pública.

Liurgo agregó que, cuando en octubre de 2010 esperaban en el recinto al mínimo de diputados para sesionar en la Comisión de Juicio Político, “observamos que el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, en una jugada política con operación de prensa incluida, no baja”, argumentando que el abogado le generaba temor.

“Pasé –consignó el letrado- de investigador a imputado en una patraña armada infantilmente”, en lo que “todo indicaba” que “el también procesado “asesor estrella” de Macri, Jaime Durán Barba, oficiaba de libretista, con la anuencia de los medios afines al jefe de Gobierno capitalino”.

Liurgo afirmó que “en estos días surge por todos los medios de comunicación que en las contrataciones de las bicisendas se habrían cometido irregularidades con las empresas intervinientes en la licitación, al igual que el con el Metrobus”.

El denunciante acotó que “el hilo conductor de la investigación surge del alarmante valor adjudicado al cordón separador de carriles de tránsito, justamente el utilizado en ambas obras, Metrobus y Bicisendas y del valor del Hormigón facturado a la Ciudad”.

El letrado expresó que “se licitan obras que según el propio gobierno de la Ciudad superarán 60.000.000 de pesos, pero del análisis de los plexos licitatorios surgiría claramente que se dilapidarán más de 100.000.000".

Liurgo aclaró que “en realidad es una sola y única obra, que se fraccionó en varias licitaciones” casi todas inferiores a 500.000 pesos” para “zonificar las contrataciones” y evitar el control, la visualización global de los montos y la consiguiente remisión a la Procuración, que necesariamente hubiese evitado el hecho o de convalidarlo hubiera participado del ilícito”.

La denuncia contiene además numerosos datos y números relacionados con la construcción de carriles y materiales empleados para las bicisendas y el Metrobús que recorre en casi toda su traza la avenida Juan B. Justo de esta ciudad.

Como prueba, Liurgo solicitó a Rafecas que designe a peritos ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad de Buenos Aires para que, entre otros puntos, informen sobre los “costos reales de los materiales utilizados para la construcción de las obras”.

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Carlos Melconian, el canidato PRO y los negocios vinculados al fogoneo de la devaluación

Presentada habitualmente en los medios como una medida aséptica tendiente a "sincerar" los precios de la economía, la devaluación del peso posee dos efectos inevitables: la licuación de los ingresos de los asalariados y una transferencia de riqueza hacia los sectores con capacidad para dolarizar sus activos, generalmente grande firmas locales y multinacionales.

 A pesar de ello, la proliferación de economistas del establishment pidiendo políticas devaluatorias se transformó en una costumbre que esconde, en buena parte gracias a la anuencia mediática, los negocios empresarios de los pronosticadores que terminaron, paradójicamente, en fuga de capitales. Dos casos son emblemáticos: el del diputado de la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay; y el de Carlos Melconian, titular de la consultora M&S y candidato a legislador por el macrismo. 

Melconian, que encabeza la consultora M&S y fue candidato a diputado por el PRO de Mauricio Macri, es una de las personas físicas que fugaron capitales en el 2001, esquivando el corralito, gracias a la información reservada que obtuvo. Este dato se desprende del libro-informe Fuga de divisas en la Argentina. Informe Final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.  En el documento, se especifica que el líder de la consultora –que inclusive fue investigada por Comercio Interior por manipular índices de precios– fugó al exterior U$S 2.305.306, a través de ocho operaciones. El trabajo evidencia además que la mayor cantidad de fugas de personas físicas se dio el 30 de noviembre, un tiempo antes de que Domingo Cavallo "encarcelara" los ahorros de los argentinos. 

Pero esto no es todo. En el sitio web de M&S Consultores, la empresa que dirigen Melconian y Rodolfo Santángelo, figura un listado de más de 80 "clientes" que son asesorados por la firma. Son grandes empresas de los sectores automotriz, textil, laboratorios, agro, bancos, frigoríficos, petroleras, energéticas y de alimentos, entre otras. Casualmente, muchas de esas firmas asesoradas por Melconian también figuran en el listado de los privados que esquivaron el corralito de 2001, fugando dólares al exterior. Según consigna el informe de fuga de capitales de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Molinos envió al exterior U$S 388.247.707 en 105 operaciones; Massalin Particulares U$S 291.440.895; Aceitera General Deheza U$S 116.007.830 en 41 transacciones; la acerífera Acindar U$S 80.488.489 en 100 operaciones; Arcor U$S 60.389.883 con 50 operaciones; Ledesma U$S 38.974.740 con 38 operaciones; Syngenta Agro U$S 12.574.680 con 20 operaciones; y Los Grobo U$S 6.123.053 con cinco operaciones.  Tan sólo la suma de los montos fugados por estas ocho poderosas compañías locales se aproxima a los U$S 1000 millones en activos radicados en el exterior. En ese contexto, llama la atención el discurso público de Melconian. 

En un artículo publicado el 11 de julio del 2011 en el diario La Nación, titulado "La 'novedad' de la fuga de capitales", Melconian no se pone colorado al decir que "la nueva amenaza concreta en lo que puede ser la agenda en el futuro es el salto que registró este año la salida de capitales de la Argentina. Arrancó caliente en el verano y se disparó en los últimos meses, a priori sin ningún elemento que lo justifique". Y agrega que "2012 puede conformar una dosis atenuada lo que fueron la sequía y la megasalida de capitales de 2008/2009". La injerencia en el lobby empresario de Melconian parece incluso trascender las fronteras nacionales. En la revista Qué Pasa, del Grupo de Medios chileno Copesa (diario La Tercera), un artículo publicado el 19 de abril de este año con la firma de Jorge Isla, se dice que Melconian "es considerado un consejero de peso por los inversionistas chilenos en Argentina. Al frente de M&S, una de las principales consultoras de negocios de Buenos Aires, Melconian ha asesorado a Cencosud, LAN y Sigdo Koppers, entre varias otras. También es constantemente consultado por chilenos que han invertido en el sistema financiero argentino". La nota agrega que "sus cercanos lazos con empresarios chilenos lo han convertido en un invitado frecuente en la embajada de nuestro país en Buenos Aires para interpretar las claves de la realidad económica y política de un país que cuenta con inversiones chilenas por U$S 16.200 millones". Cabe aclarar que no está confirmado qué pasó con el dinero fugado en 2001 por Melconian, y tampoco puede descartarse que, a través del asesoramiento de sus clientes, él haya intervenido en esas transacciones. Sí se sabe que M&S funciona como tal desde octubre de 1991.

 En el trabajo de los diputados de la Comisión de Fuga de Divisas, paradójicamente, aparecen dos privados "fugadores" que luego tendrían conexiones con Alfonso Prat-Gay, el diputado de la Coalición Cívica y ex presidente del Banco Central que había sido denunciado por este tipo de prácticas. Se trata, justamente, de la cementera Loma Negra, que fugó U$S 72.279.309 en 30 operaciones; y la propia Dama del Cemento, Amalia Lacroze de Fortabat, que envió al exterior U$S 2.712.054 en tres veces. Tal como adelantó hace unos meses Tiempo Argentino, Prat-Gay, el golden boy que llegó a la política de la mano de Cavallo, López Murphy y se consagró como gurú con Elisa Carrió, es quien hoy administra la megaherencia de Fortabat. Y quien, a la vez, fue sindicado como el hombre que sacó esa herencia fuera del país. El diputado derivó hacia paraísos fiscales U$S 1025 millones obtenidos de la venta de Loma Negra y a la muerte de la octogenaria fue designado como administrador de la herencia, calculada en U$S 1000 millones. 

En su reciente confrontación pública, vía declaraciones, con la presidenta, Cristina Fernández, Prat-Gay develó su doble juego: criticó la fuga de capitales y, a la vez, deslizó un pedido de devaluación del peso. "Durante todo el mandato de Cristina desde el 2008 en adelante, con la fuga de capitales, los argentinos compraban dólares porque sabían que lo único que quedaba barato era el dólar oficial." El "Family Office" de la familia Fortabat tiene una relación de larga data con los multimillonarios. Todo empezó en 2005, cuando Loma Negra se vendió al grupo brasileño Camargo Correa. Allí, fue elegido por Amalita para orquestar el régimen de cobro de los U$S 1025 millones que se derivaron de la operación. Amalita lo contrata, disconforme por la operación de venta de la cementera, que justamente había gestionado el JP Morgan, banco en el que trabajó Prat-Gay. 

Según datos obtenidos por Tiempo a partir de fuentes bancarias, por la venta de Loma Negra, Amalita recibió U$S 1025 millones: el primer giro al exterior fue de U$S 100 millones en 2005; al año siguiente le ingresaron U$S 430 millones; en 2007 aproximadamente U$S 600 millones y en 2008 otra cuota similar. La suma es mayor a lo que recibió de Camargo Correa por Loma Negra, por lo que se supone que estos giros incluían fondos de otro origen. La ingeniería financiera fue la misma para cada envío, esto es, se derivaron al exterior, haciendo uso de fondos de inversión y una diversificada canasta de monedas. Según el CUIT donde se hicieron los depósitos, el dinero fue girado a Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong y Suiza. Ni un peso se quedó en el país. Ni un peso de lo que administra Prat-Gay, que en su discurso habitual critica la fuga de capitales que en la práctica fomenta. Inmediatamente después de su intervención con Loma Negra, la participación de Prat-Gay comenzó a estar en boca del mundillo financiero, pero no justamente por su transparencia. Es que, a pesar de que Fortabat ya tenía cuentas en el banco suizo UBS, Prat-Gay le habría hecho cerrarlas para luego abrirlas con el único fin de cobrar las jugosas comisiones. 

Hay que tener en cuenta que en este tipo de operaciones, la comisión que cobra el intermediario financiero es de aproximadamente el 40% de los ingresos generados al banco (revenues). Por ejemplo, si el intermediario lleva al banco un nuevo cliente con U$S 1 millón, y el banco le vende productos que le generan un ingreso de U$S 50 mil, el gestor se queda con entre U$S 15 mil y U$S 20 mil (que equivalen a entre el 30 y el 40% de la ganancia del banco). La modalidad habitual es que la retribución del intermediario se cobre en dólares, en el extranjero y en negro, para evitar el rastreo del fisco. «

Magia 2,3 millones de pesos/dólares fugó Carlos Melconian al exterior el 30 de noviembre del 2001, horas antes de que Domingo Cavallo anunciara el corralito.

Prat-Gay, de qué lado estás.

Alfonso Prat-Gay se convirtió en la "voz autorizada" de la oposición. Sin embargo, no está claro si sus juicios forman parte de un programa de la Coalición Cívica o son parte de su rol de administrador en el exterior de la fortuna de la extinta Amalita Fortabat.

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Millonario negocio de las grúas en la ciudad

Detrás de cada auto que las grúas "levantan" en las calles de la Ciudad de Buenos Aires existe un gigantesco negocio que desde hace 22 años beneficia a dos empresas privadas, las mismas que pagan al Estado porteño un canon irrisorio por explotar este servicio y facturan al año cerca de 114 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales. Estas compañías tienen, además, el monopolio del estacionamiento medido, a través de los parquímetros y tickeadoras.

Se trata de las firmas Dakota SA y BRD SAICFI, que operan, respectivamente, con los nombres de STO (Sistema de Tránsito Ordenado) y SEC (Sistema de Estacionamiento Controlado), siglas que aparecen estampadas en las 35 camionetas Ford F100 que hacen las veces de grúas en la Ciudad, de acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Concesiones.

Fue en junio de 1990, de la mano del ex intendente menemista Carlos Grosso, que estos grupos se quedaron con el servicio de acarreo y estacionamiento en el micro y macrocentro, dividiéndose la Capital Federal en dos: el sur para SEC y el norte para STO. Ese contrato caducó en febrero de 2001. Desde entonces, todos los gobiernos municipales prometieron llamar a una nueva licitación, pero nunca ocurrió, por lo que hoy siguen operando con los permisos vencidos, gracias a renovaciones precarias. Según fija la Ley Nº 4003, de no relicitarse antes de fin de año, el Ejecutivo local tendrá que hacerse cargo del servicio por su cuenta.

Para conocer cuán rentable es esta actividad, basta con ver el movimiento constante de las grúas, que trabajan las 24 horas. Sin embargo, la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad sostiene que en 2011 se levantaron 12 mil vehículos por mes, es decir, que cada móvil habría levantado apenas un coche cada dos horas. Para las fuentes consultadas por Tiempo Argentino, esas cifras están muy alejadas de la realidad. El legislador Rafael Gentili, de Proyecto Sur, aseguró que "la cantidad de autos remolcados que da el gobierno es muy baja. Según pudimos averiguar, es por lo menos el doble. Serían unos 25 mil por mes. Vamos a hacer un pedido de informe para contar con información más precisa." Por su parte, un ex asesor de la Comisión de Transporte de la Legislatura, que pidió mantener en reserva su nombre, agregó que "al no tener los registros contables de las empresas, es muy difícil saber, porque mientras el gobierno habla de 12 mil autos al mes, las ONG que vienen trabajando en el tema cuadriplican el número". Para Juan Chavarri, de la ONG No al Parquímetro, cada grúa puede levantar hasta dos coches por hora, es decir, 48 en un día. Esto arroja, sumando las 35 camionetas en funciones, 1680 autos remolcados por jornada y 50.400 por mes.

En los próximos días comenzará a regir el aumento del 84% en el costo del acarreo aprobado por Mauricio Macri, por lo que cada infractor deberá pagar $ 350 a STO o a SEC (ver aparte). Según datos oficiales, esto significa que ambas compañías recaudarán $ 50,4 millones al año. En cambio, si se tienen en cuenta las estimaciones de las ONG, habría que multiplicar esa facturación por cuatro, superando los $ 200 millones.

Pero el negocio no termina ahí. Hasta hace tres años, las concesionarias abonaban al Ministerio de Desarrollo Económico porteño un canon irrisorio: $ 1000 al mes. Recién en 2011 ese monto pasó a $ 30.000, pero un acuerdo firmado con el macrismo en febrero de ese año estableció, en su cláusula sexta, que la suba comenzaba a regir "a partir de la fecha en que el GCBA cumpla con el pago de los mayores costos". Es decir, cuando el gobierno porteño reintegre a las empresas los aumentos salariales que vienen abonando desde enero de 2009. Tiempo consultó a Desarrollo Económico para saber si, efectivamente, se está cumpliendo con el nuevo canon, pero no obtuvo respuesta. En el caso de que así fuera, el reciente aumento en el acarreo facilitó mucho las cosas para las compañías: con sólo levantar 86 autos de la calle ya lo habrán cubierto. "Pagan apenas un 1% de lo que recaudan", resumió Gentili.

Y hay más. Desde la asunción de Macri, se sumaron otras ventajas para las empresas. Antes, por ejemplo, las grúas no trabajaban los fines de semana, y hoy lo hacen las 24 horas, los 365 días del año. Hasta 2007, los adicionales de los policías que iban arriba de las camionetas para labrar el acta de infracción a los automovilistas, eran pagados por SEC y STO. Pero ahora es el Ejecutivo porteño el que se hace cargo, remplazando a esos policías con 168 agentes de tránsito, cuyos sueldos le significan a las arcas de la Ciudad, según pudo averiguar este diario, una erogación aproximada de $ 670 mil por mes.

Para Chavarri, es "como si un vecino quiere abrir un kiosco y pide a cambio un policía de la Metropolitana para que lo vigile y, si tiene que salir, le atienda un rato el kiosco. Es de locos". La ONG que preside ya presentó un amparo judicial contra las concesionarias, por considerar que colocaron parquímetros fuera de los límites permitidos. "Todos los funcionarios reconocen que esto es irregular y dicen que lo van a cambiar, pero nunca lo hacen", afirmó el titular de No al Parquímetro, y agregó: "No sólo se le amplió las fronteras a las empresas sino que se le dio agentes de tránsito a cada empresa para que vayan arriba de la grúa." Lo mismo sostuvo Sandra Vellido, fundadora de la ONG Malditos Parquímetros, para quien se trata de "un gran negociado que deja millones de pesos que nadie contabiliza. Es la caja negra de la política de Macri, que pagamos todos los vecinos." Vellido también denunció que no siempre los coches levantados se encuentran en infracción. "Recibimos un promedio de veinte denuncias por día, un 80% más que hace dos años. La gente se queja porque les remueven el auto aunque lo tengan bien estacionado", acusó.

El ex legislador y actual auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, manifestó a Tiempo que a las compañías "no los mueve el mejoramiento del tránsito sino un afán recaudatorio" y que "con el macrismo se expandió el negocio a más barrios y las grúas sólo levantan autos cerca de donde tienen las playas de remolque". Hoy, cada empresa cuenta con dos estacionamientos de este tipo.

En cuanto a los nombres detrás de estas operaciones, la mayoría comparte el bajo perfil y, en algunos casos, una fama adquirida a mediados de los ’90. Reinaldo Niella, un empresario de origen paraguayo radicado hace muchos años en Argentina, es el dueño de STO, si bien hoy, en la práctica, es uno de sus sobrinos, Marcelo Daniel Violante, quien está a cargo de la firma.

En 1997, Niella le vendió al grupo estadounidense The Dial Corporation la fábrica de jabones Federal en 35 millones de dólares, diez veces más de lo que él la había pagado. Además, manejó una constructora, fue socio del Banco Patagónico e incursionó en el sector petroquímico. Actualmente, Niella también se dedica a proveer Internet inalámbrica a más de 20 mil clientes en cinco provincias, a través de Telefonía Pública y Privada SA.

En el caso de SEC, su titular es Ricardo Chiantore (h). Hasta hace pocos años, quien manejó los hilos de la compañía fue su padre, José Ricardo Chiantore, cercano al ex presidente Carlos Menem, a quien supo acompañar en comitivas oficiales. Hasta despuntaron juntos el hábito de la caza deportiva, como miembros del Safari Club International (SCI), una influyente organización que en Argentina tuvo como presidentes al propio Chiantore y al ex ministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.

De esta forma, mientras Macri se decide a llamar a una nueva licitación, estos concesionarios siguen embolsando tantas ganancias como autos levantan sus grúas en las calles porteñas.

Números redondos

12.000 vehículos  son los que, según el PRO, se acarrean por mes. Legisladores opositores duplican esta cifra. Y las ONG hablan de hasta 50.400.

$ 4,2 millones es lo que van a recaudar las empresas por mes con la nueva tarifa. Para la ONG No al Parquímetro, en realidad serán más de $ 17 millones.

86 autos son apenas los que cada compañía necesitará acarrear para saldar el canon de $ 30 mil que les pide el gobierno porteño.

Dos ong exigen que se dé marcha atrás con la suba
En los próximos días, los automovilistas que dejen sus vehículos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a pagar el aumento del 84% por el acarreo, que de $ 190 trepó a $ 350. El incremento fue autorizado por el macrismo a pesar de que las dos empresas concesionarias operan gracias a la sistemática renovación precaria de sus licencias, vencidas desde 2001.

Ante semejante "tarifazo", las reacciones no tardaron en llegar. Las ONG Malditos Parquímetros y Defendamos Buenos Aires, enviaron un petitorio al jefe de gobierno Mauricio Macri, "a los efectos de que suspenda el aumento de grúas de 190 a 350 pesos, y del cospel de estacionamiento que pasaría de 1,40 a 4 pesos". Al mismo tiempo, exigieron "que se llame a licitación para una nueva concesión de estacionamiento medido en la Ciudad (…) y, visto el grave abuso de STO y SEC en todos estos años, se les impida participar del concurso".

No obstante el reclamo de los usuarios, la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal, justificó el incremento de $ 160 argumentando que "requería un ajuste, porque no se actualizaba desde 2008". En ese momento, la suba había sido mucho menor: de $ 150 se pasó a los $ 190 hasta hace poco vigentes.

En declaraciones a la prensa, Vidal sostuvo que "al gobierno no le importa tanto la multa como las infracciones de tránsito en general, (sino) que todos empecemos a ser más conscientes de cómo manejamos y dónde estacionamos".

En esa misma línea, la vice de Macri puso el acento en el supuesto objetivo concientizador del trabajo que realizan las incansables grúas de las empresas STO y SEC. "Lo más importante no es cuánto se recauda, sino que todos sean conscientes de dónde se deja el auto", insistió Vidal.

La suba dispuesta por el PRO empezará a regir luego de que el Ejecutivo porteño publique el decreto autorizándola en el Boletín Oficial.

Otra concesión en la mira

La polémica por las licitaciones en la Ciudad no es exclusiva de las grúas. Lo mismo sucedió con la concesión del Mobiliario Urbano que, luego de once años de dilación y acusaciones judiciales, en marzo pasado fue adjudicada a tres empresas. Sobre una de ellas pesaba una denuncia por adulteración de documentos durante la licitación. La firma sospechada era Publicidad Sarmiento, de los hermanos Eduardo y Orlando “Orly” Terranova, quien en 2010 fue candidato a concejal del PRO en Mendoza. En junio de 2011, la Sala III de la Cámara de Casación Penal finalmente sobreseyó a los empresarios y al propio Mauricio Macri, entre otros funcionarios de su gestión.