En la avenida Varela al 2600, en el barrio de Villa Soldati, se
levanta una "planta de transferencia de residuos áridos", a cargo del
gobierno porteño y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
(CEAMSE). En los papeles, allí se reciben ramas de árboles, tierra y
escombros, que luego son remitidos a los rellenos del Conurbano
Bonaerense. Pero, en lo concreto, el complejo es un verdadero basural,
donde los desechos conviven con roedores, denuncias por irregularidades y
contaminación. Un auténtico "desastre", según definió la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad. Y eso no es todo: frente al predio hay tres
establecimientos educativos donde, día a día, 800 chicos están expuestos
a la amenaza sanitaria generada por las 1500 toneladas de desperdicios
que cada 24 horas ingresan a la planta.
Pese al pedido de organismos de control, vecinos y ambientalistas
para que el lugar sea cerrado, y de la promesa de clausura hecha hace
más de un año por el macrismo, hasta el momento todo sigue igual.
La gestión de Mauricio Macri fue advertida sobre esta situación
hace ya cuatro años, en 2008, cuando la Defensoría del Pueblo emitió un
primer informe con las anomalías y peligros vinculados al basural. Allí
se constató la inexistencia de una autorización o estudio de impacto
ambiental que habilitara el funcionamiento del complejo. También se
señaló la acumulación de materiales no permitidos, como residuos
"peligrosos, electrónicos, domiciliarios, tambores de gasoil sobre el
piso sin ningún tipo de acondicionamiento y presencia de derrame de
combustible en el terreno". Esto causaba, de acuerdo con la
documentación a la que pudo acceder Tiempo Argentino, "un riesgo tanto
para la salud de los vecinos como para los trabajadores del lugar". En
abril de 2012, la Defensoría corroboró que, a pesar del tiempo
transcurrido, continuaban las mismas y precarias condiciones. Por esa
razón, recomendó la "urgente clausura" de la planta.Consuelo Bilbao,
coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, explicó a Tiempo:
"Toda esa mezcla con residuos electrónicos, que son los más tóxicos y
contaminantes, es muy peligrosa. Al entrar en contacto con aire, agua o
tierra, el impacto se vuelve impredecible. Eso debe tener una
disposición adecuada y no puede estar a cielo abierto."
El ex legislador Eduardo Epszteyn, secretario de Ambiente durante
el gobierno de Aníbal Ibarra, también denunció esta situación en 2008.
"El Ejecutivo no cambió absolutamente nada. La planta sigue en estado de
precariedad y abandono", afirmó Epszteyn.
Por otra parte, también en 2008, la Procuración General porteña, a
instancias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, había pedido
investigar otras posibles irregularidades. Según la versión de varios
transportistas, se les habría cobrado "peaje" a camioneros que
trasladaban volquetes con materiales áridos. La acusación hizo foco en
dos funcionarios: Alberto Báez, por entonces encargado de la planta; y
Alberto Términe, director general de Limpieza. Ambos fueron denunciados
por presunta violación de los deberes de funcionario público y
exacciones ilegales, es decir, coimas. Y aunque desde Ambiente y Espacio
Público no pudieron precisar el estado actual de la denuncia, lo
concreto es que tanto Báez como Términe siguen trabajando para la
Ciudad: el primero es director del Operativo de Higiene en Vía Pública, y
el segundo se mantiene en su antiguo puesto.
En una recorrida por Villa Soldati, este diario pudo observar las
montañas de desperdicios que se acumulan, tanto dentro como en los
alrededores del complejo. Sucede que, según relataron los vecinos,
muchas empresas de volquetes arrojan escombros y basura en las calles
del barrio con total impunidad. Así lo contó Claudia Carbajal, de La
Veredita, un asentamiento donde viven decenas de familias humildes y que
se encuentra a pocas cuadras del predio. "Pasa a toda hora. Los
camiones tiran la basura en la esquina, a metros de la gente. Hay feo
olor y se llena de ratas", sostuvo Carbajal.
Sólo una estrecha calle separa al basural de tres establecimientos
educativos: la escuela infantil Nº 5, donde concurren niños de 45 días a
cinco años; la Nº 9, para chicos de tres a cinco años, y la primaria Nº
23. En total, son unos 800 pibes, muchos de los cuales viven en villas
de la zona, bajo condiciones de vulnerabilidad.
"Son los principales afectados. La planta genera mucho polvillo y
eso va directamente a las vías respiratorias de los chicos", detalló
Mirtha Alonso, de la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Soldati.
En diálogo con Tiempo Argentino, Carlos María Fuente, director de
la escuela Nº 23, pidió el cierre de la planta y agregó: "También se ven
muchos casos de conjuntivitis. Siempre somos el último orejón del
tarro. No quiero hacer de esta escuela un basural, quiero dignidad para
mis alumnos." Otro de los establecimientos afectados es la Asociación
Juvenil Araucana, un centro que alberga durante el día a jóvenes y
adultos con discapacidad mental. "Esto no nos benefició para nada,
porque para nosotros la higiene es una prioridad", aseguraron desde la
institución, también ubicada frente al predio.
Estas denuncias fueron corroboradas por la Defensoría del Pueblo,
como señaló a Tiempo el defensor adjunto Atilio Alimena (ver
entrevista). Según el organismo de control, se está violando no sólo la
Ley General del Ambiente de la Ciudad, sino también el propio artículo
26 de su Constitución, donde queda en claro que "toda actividad que
suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar".
A finales de 2007, durante la gestión de Jorge Telerman, el terreno
fue cedido en comodato para ser operado por la CEAMSE. Desde la empresa
estatal, además de asegurar que sólo reciben "restos de obra y poda",
sostuvieron que "el predio es administrado por la Ciudad. CEAMSE se
encarga sólo del transporte". Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público porteño, que dirige Diego Santilli, respondió a este
diario lo contario: "La Ciudad sólo se encarga de la puerta. Toda la
operatoria puertas adentro es responsabilidad de la CEAMSE."
Por otra parte, la defensoría afirmó que tampoco existen controles
en relación a las toneladas de desechos recibidos y despachados a los
rellenos del Conurbano, ya que el lugar no cuenta con una balanza que
pese a los camiones. De esta manera, no sería posible establecer con
exactitud el valor que debe pagar a la CEAMSE el Estado porteño.
"Estamos recibiendo más basura y pagando de más. Esto no es una
planta de transferencia. Yo lo llamaría, lisa y llanamente, un
desastre", sostuvo el defensor adjunto Alimena, quien en abril pasado
pidió a la Agencia de Protección Ambiental la "urgente clausura" del
lugar. Además, recomendó al gobierno de Macri que se detengan las tareas
realizadas en el terreno y se proceda a su recomposición ambiental.
Frente a la multiplicación de los reclamos, en marzo de 2011
Santilli había dicho que se iba a concretar la clausura, para lo que era
necesario poner en funciones otra planta similar en el barrio Zavaleta.
"Vamos a cerrar el predio y abrir otro donde se va a formalizar el
trabajo y a controlar más", afirmó el ministro, pero ya pasó casi un año
y medio desde aquella promesa.
"Ahora se comprometieron a que en los próximos dos o tres meses la
planta esté cerrada. Hay que ver si cumplen", señaló Alimena. En
Ambiente y Espacio Público aseguraron que "cuando CEAMSE termine la obra
del galpón para insonorizar el predio, Zavaleta va a operar las 24 hs y
se cierra Varela. Estimamos que va a pasar entre agosto y setiembre".
Mientras tanto, quienes siguen esperando son los chicos y los
vecinos de Soldati, uno de los barrios más postergados en el sur de la
Ciudad, donde el macrismo ya dio largas muestras de desidia.
Alimena: "es un delito ambiental"
Atilio Alimena es defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad y
participó de las inspecciones en la planta de transferencia de Villa
Soldati. En diálogo con Tiempo Argentino, el arquitecto aseguró: “Yo lo
llamaría, lisa y llanamente, un desastre.”
–¿Cómo se trata la basura en el predio?
–No hay ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera saben qué tipos de
residuos les llega al lugar. Jamás se hizo nada. El día de mañana,
cuando se tenga que hacer algo, van a tener que descontaminar, hacer un
tratamiento y reacondicionamiento ambiental.
–¿Cuáles son los problemas que ocasiona el predio en los alrededores?
–Lo más problemático es todo el polvillo que se levanta y que de
alguna manera termina afectando las vías respiratorias. Hay que tener en
cuenta que frente al predio se encuentran tres establecimientos
educativos. Además, en las inspecciones constatamos la existencia de
residuos peligrosos.
–¿El lugar cuenta con habilitación para funcionar?
–No, porque el primer paso que se tiene que ejecutar es la
realización de un estudio de impacto ambiental, algo que nunca se hizo.
–¿Quién debe entregar esa habilitación?
–El mismo gobierno de la Ciudad, que tiene que hacer cumplir todos
los formulismos que le pide a un tercero, es decir, a la CEAMSE.
–¿Confían en que cambie la situación?
–El año pasado habían prometido la clausura del lugar pero, hasta ahora, la medida no se concretó.
–Por eso emitimos una nueva resolución este año. Ellos asumieron un
compromiso ahora, después de que redujeron el vuelco diurno y sólo
quedó el nocturno. Ese es un primer paso. Vamos a ver si cumplen con el
cierre.
–¿Cómo se calcula cuánta basura entra al predio?
–Nunca se supo. La CEAMSE cobra a la Ciudad lo que pesa en la
entrada del relleno sanitario. Pero en la planta de transferencia no se
pesa nada. Por eso, ya en 2008, dijimos que esto era una animalada. El
gobierno porteño está, desde hace muchos años, recibiendo más basura y
pagando de más.
–¿Quiénes son los responsables de esta situación?
–Hay responsabilidad tanto de la CEAMSE como de la Ciudad. El
contrato firmado a finales de 2007 por el gobierno de Telerman es un
negocio macabro, porque se realizó justo en un momento de un gobierno
saliente. La Ciudad se tuvo que hacer cargo de un hecho irregular, poner
un montón de dinero, incumplir la Ley de Basura Cero. No se pueden
tomar decisiones de ese tipo en el ámbito gubernamental. Esto, aparte de
ser un delito ambiental, es un fraude al erario público.
La palabra
NIÑOS
Son los más afectados por todo el polvo que despide el lugar y daña sus vías respiratorias.
Las claves
* La planta es en teoría una "estación de transferencia" para
escombros, tierra y ramas de árboles, que luego son remitidos a rellenos
del Conurbano.
* Ya en 2008, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad advirtió sobre
la presencia de "residuos peligrosos" y otras irregularidades.
* Los vecinos piden la clausura y aseguran que hay camiones que ilegalmente descargan escombros en la calle.
* En marzo de 2011, el ministro porteño de Ambiente y Espacio
Público, Diego Santilli, había asegurado que iban a cerrar el predio.
La cifra
1500 toneladas
Es la cantidad de residuos que ingresan cada día a la planta de
Soldati. Los camiones trabajan durante la noche y la madrugada: desde
las 22 hasta las seis de la mañana.
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