viernes, 16 de agosto de 2013

El PRO confirmó el cierre de 10 PRE-ORQUESTAS


Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
CONFIRMADO:
El Gobierno de la Ciudad cierra 10 pre orquestas infantiles-juveniles y despide docentes

Voceros del Ministerio de Educación y de la Gerencia Operativa de Música para la Equidad confirmaron el cierre de las 10 preorquestas de cuerdas que funcionaron el año pasado en distintos barrios de la Ciudad y el despido encubierto ("no renovación del contrato") de 6 docentes por pertenecer a la Planta Orgánica del Programa de Orquestas Infantiles. El resto del plantel docente mantendrá contratos precarios que vencen al 31 de diciembre del presente año. Algunos de ellos fueron desplazados para formar parte de un proyecto paralelo de Tango del que se desconoce su orientación pedagógico-social, las condiciones generales de funcionamiento y el presupuesto asignado.

Se consuma así una nueva etapa del vaciamiento del Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles que venimos denunciando desde el año pasado cuando recortaron los subsidios para la compra y reparación de instrumentos y la provisión de insumos y material pedagógico.

Durante todo este período los trabajadores reclamamos contra ese vaciamiento y por la reapertura de estas 10 preorquestas, que no habían tenido un solo día de clases en el año, la inclusión en Planta Permanente de sus docentes y el cobro de los salarios adeudados. Junto con ello reclamamos el armado de un Plan de Trabajo con la Coordinación del Programa para convertirlos en Orquestas plenas con los mismos recursos materiales y humanos (completar las filas de instrumentos, sedes, insumos, asistentes técnico pedagógicos, etc) que el resto de las 16 Orquestas que funcionan desde hace años.

Durante todo este tiempo el Gobierno de la Ciudad y los funcionarios de la cartera educativa mintieron sistemáticamente a la opinión pública, a los docentes y a las familias de los alumnos. ¿Cuántas veces escuchamos al Ministro Esteban Bullrich y a la Subsecretaria Soledad Acuña jactarse ante los medios de comunicación que bajo su gestión se habían consolidado 26 Orquestas? ¿Cuántas veces asegurar que no existía riesgo alguno para la continuidad de las mismas y de sus trabajadores? ¿Cuántas negar el vaciamiento sistemático al que incurrieron recortando presupuesto destinado a la reparación de instrumentos, de insumos y material pedagógico? ¡Lo llegaron a poner por escrito en comunicados oficiales del Ministerio como el del pasado 8 de marzo!

Con esta decisión ha quedado claro el plan del gobierno que se suma al continuo hostigamiento y vaciamiento del Programa y a la dilación en la resolución de la situación laboral de docentes discriminados injustificadamente del pase a planta. No solo han despedido docentes y cerrado orquestas, sino que tampoco han devuelto los instrumentos asignados a estas sedes que podrían paliar, en parte, la reducción objetiva del patrimonio instrumental que viene sufriendo el Programa con más de 400 instrumentos parados (inutilizables o pendientes de reparación). La intervención y la puesta en pie de improvisados proyectos paralelos operados desde el Gobierno de la Ciudad no solo agrede y vulnera una probada experiencia pedagógica de 15 años de trayectoria sino que lo hace sobre los derechos de los trabajadores, la precarización laboral en la educación pública y el desvío de los fondos que le correspondían al Programa de Orquestas y a sus más de 1800 alumnos de los barrios más postergados de la Ciudad.

Desde el Cuerpo de Delegados de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad exigimos una inmediata explicación y revisión de la decisión reclamando:

- ¡No al cierre de las 10 Preorquestas! Que se pongan en funcionamiento con los docentes seleccionados en camino de transformarlas en Orquestas plenas con los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar su funcionamiento en las mismas condiciones que el resto.

- ¡No a los despidos encubiertos y la precarización laboral! Que se cumpla la Ley 3623/10 con el pase a planta para todos los docentes sin exclusiones. Incorporación en horas y cargos de los docentes de las Preorquestas ampliando la actual Planta Orgánica Funcional (POF) del Programa de Orquestas para terminar con la precarización en la educación pública.

- ¡Basta de Vaciamiento y subejecución presupuestaria! Acceso público y aumento del presupuesto destinado a las Orquestas en función de las necesidades actuales y previendo una extensión futura. Transitoriamente que se destinen los instrumentos varados en las Preorquestas al resto de las sedes.

- En defensa de las Orquestas de la educación pública

CUERPO DE DELEGADOS
DOCENTES DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Para comunicarse:
Twitter: @orq_infantiles
Facebook: /endefensaorquestascaba

martes, 6 de agosto de 2013

Los números de la cultura en la ciudad

Un resumen a grandes rasgos de la destrucción cultural PRO en la ciudad
La gestión en materia de políticas culturales que ha llevado adelante el macrismo se inclina por la actividad privada, ignora a los barrios más humildes, recorta presupuesto y recurre a la represión como salida a la resistencia de los trabajadores.
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 Por Luciana Sousa
La gestión en materia de políticas culturales que ha llevado adelante el macrismo desde su asunción en 2007 comporta las mismas características que la del resto de sus iniciativas; se inclina por la actividad privada, ignora a los barrios más humildes, recorta presupuesto y recurre a la represión como salida a la resistencia de los trabajadores.

En primer lugar, el presupuesto destinado a la promoción de la cultura fluctuó entre 3,7 y 3,3%, siempre por debajo del  4,3% que se destinaba en el año 2003.

Este recorte impactó de manera casi inmediata sobre el salario de los docentes y trabajadores afectados a los programas de promoción de la cultura como el Programa de Centros Culturales en los barrios, proyecto creado en 1984, por el cual se dictan unos 1200 talleres. Algo similar ocurrió con el Programa de Orquestas Juveniles de la Ciudad, del que participan 1700 chicos de entre 6 y 18 años que cursan a contraturno en establecimientos educativos públicos ubicados en las zonas más carenciadas de la Ciudad: Flores Sur, Villa Lugano, Villa Soldati, Mataderos, La Boca, Constitución, Barracas, Balvanera y Retiro.

Estos barrios son sistemáticamente ignorados por el gobierno porteño por lo menos en cuanto a agenda cultural se refiere; Constitución, Soldati, Lugano, Paternal y San Cristóbal, barrios populares, no tuvieron agenda cultural programada para estas vacaciones de invierno, mientras que en otras zonas más exclusivas dela Ciudad, como Recoleta, Palermo o Puerto Madero ofrecen talleres, exposiciones y visitas guiadas gratuitas.

Además del recorte presupuestario, Macri ha vetado una serie de iniciativas tendientes a achicar la cartera en la Ciudad: entre ellas, la Ley 2626 que habilitaba la realización de la feria en la Plaza Julio Cortázar; la Ley 2584 que preveía el otorgamiento de $500 mil al Collegium Musicum de Buenos Aires, destinado a becas y conciertos; la Ley 2587, destinada a promover e impulsar Medios Vecinales de Comunicación Social, entre otras.

A ello se le suma  la “puesta en valor” del Teatro Colón, que supuso la suspensión de las actividades por tres años y el pase a disponibilidad de más de 100 trabajadores; y la represión en la Sala Alberdi, bastión contra hegemónico que convocó a cientos de jóvenes que se oponían a la privatización de la sala y que durante más de dos años resistieron varios intentos de desalojo por parte de la gestión del ingeniero.

En materia arquitectónica, Macri ha ignorado a muchos de los edificios que conforman el “patrimonio cultural” de la ciudad, como la última morada de Alfonsina Storni,  o los subtes La Brugeoise, por no hablar de la infeliz intervención en la avenida más característica de la Ciudad, la 9 de julio.

En cuanto a la cultura popular en las calles, mientras Macri continúa “inaugurando baldosas” en la calle Corrientes, cerca las plazas, desaloja artesanos y destruye la actividad ferial. Así, además de mostrar un total desprecio por el espacio público, avanza sobre los puestos de trabajo de artesanos, cooperativas y pequeños productores.

Mejor en el zoológico que en la villa - Presupuestos PRO

EL PAIS › EL GOBIERNO PORTEÑO RECORTO GASTOS EN BARRIOS CARENCIADOS Y LOS TRANSFIRIO AL PRIVATIZADO ZOO DE PALERMO

Mejor en el zoológico que en la villa

De acuerdo con un informe elaborado por la agrupación La Fábrica porteña, Macri recortó cinco millones de pesos destinados a las villas para la construcción de un acceso al zoológico. La concesionaria paga un millón y medio de canon.
El gobierno de Mauricio Macri recortó cinco millones de pesos de fondos destinados a las villas y se lo transfirió a la construcción de un nuevo acceso del Zoo en Palermo. La concesión del zoológico se mantuvo en las mismas manos privadas luego de una polémica en la Legislatura el año pasado, donde se planteó la posibilidad de estatizarlo. La empresa concesionaria mantiene un canon de un 1.100.000 pesos. Según un informe de La Fábrica porteña –que conduce el ministro de Trabajo, Carlos Tomada–, con esta transferencia de fondos sociales al Zoo “le estarían devolviendo a la concesionaria casi la mitad del canon de un año”.
No es el primer recorte de este año a fondos sociales, tras los 40 millones que la gestión PRO les cercenó a 28 hospitales y centros de salud y a programas de Desarrollo Social para destinarlos a publicidad (ver aparte). “Toda decisión gubernamental manifiesta un modelo de Estado y un modelo social que uno elige”, advirtió Matías Barroetaveña, coordinador de La Fábrica y subsecretario de Políticas de Empleo del Ministerio de Trabajo nacional. “En esta reasignación presupuestaria, como en tantas otras, pero en ésta al límite del absurdo, Macri manifiesta su modelo de intervención estatal a favor de los negocios privados, que profundiza la desigualdad”, indicó.
La transferencia de fondos a la obra de remodelación del zoológico de Palermo se hizo mediante la resolución 524/13 que firmó el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. Los detalles del ajuste, publicados en el Boletín Oficial porteño, son los siguientes.
n Les quitaron dos millones y medio de pesos a las actividades comunes en la Comuna 15 de los programas de Hábitat, Inclusión Social y Mejoramiento de Villas de la Secretaría de Hábitat e Inclusión. En la Comuna 5 recortaron otro millón de pesos. En la Comuna 8, otros 59.479 pesos.
n Ajustaron en 1.045.693 pesos el presupuesto para la Comuna 7 de la Unidad de Gestión Intervención Social (UGIS), que se ocupa principalmente de brindar servicios a las villas. En el informe de La Fábrica señalan que la partida original de la UGIS, de 2.426.673 pesos, ya había sido reducida a la mitad antes de este nuevo ajuste.
El total del recorte es de 5.100.000 pesos. Según detalla el informe de La Fábrica porteña, el dinero de esos programas estaba destinado a construcciones en terrenos públicos o privados en las villas. El dinero se transfirió a la Dirección General de Concesiones. Más concretamente se asignó al programa “Concesiones sobre predios existentes en la Ciudad de Buenos Aires”. La resolución 524/13, firmada por Cabrera, revela el fin del recorte: “... el ministro de Desarrollo Económico solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la obra de puesta en valor y remodelación del acceso por Plaza Italia al Jardín Zoológico”, que permanece en manos de una empresa privada y cuya entrada es paga.
La concesión del zoológico fue motivo de una polémica en la Legislatura porteña, el año pasado. Desde 1991, cuando la cedió por 20 años el intendente menemista Carlos Grosso, se encuentra en manos de una empresa llamada Jardín Zoológico SA. En 2008, la Auditoría General de la Ciudad había hecho un informe que detallaba las pésimas condiciones en las que el concesionario tenía el zoológico: mencionaba la pérdida de 100 especies y una sistemática falta de mantenimiento. Pese a esto, el gobierno de Macri le renovó la concesión por otros cinco años más. El período no es casual: es el plazo máximo que la gestión PRO le podía renovar el contrato sin pasar por la Legislatura porteña, aunque la idea original de los macristas era darle el zoológico por 20 años. La adjudicación se hizo mediante un remate, donde ganó el mejor postor.
“Es el remate más absurdo, que seguramente será noticia en varias partes del mundo, porque en la mayoría de las ciudades el zoológico es estatal”, sostuvo en su momento el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, quien cuestionó que el criterio para definir el concesionario fuera el dinero y no el proyecto faunístico y educativo para la ciudad. Camps detalló que el pliego les permitía a los empresarios descontar del canon las inversiones que hicieran en el zoológico. El legislador viene presentando pedidos de informe sobre el Zoo (ver recuadro). Otros legisladores, como Francisco “Tito” Nenna o Juan Cabandié, cuestionaron esta nueva concesión y el canon que se fijó: de 1.100.000 pesos por mes.
Según el informe de La Fábrica, con esta obra el gobierno porteño “le devuelve casi la mitad del canon anual a la empresa en una mejora gratuita de su acceso con dinero que estaba destinado a construcciones para el mejoramiento de las villas, inclusión social e integración de personas con discapacidad”.


miércoles, 31 de julio de 2013

Macri a la justicia por la UCEP

Hoy!, en la tapa de Clarín! (ahh.. no, disculpen)


EL PAIS › LA JUSTICIA RECHAZO SU APELACION Y CONFIRMO QUE HAY QUE INVESTIGARLO POR EL DESALOJO VIOLENTO DE PERSONAS SIN TECHO

Macri cosecha lo que sembró con la UCEP

La Cámara de Casación rechazó el recurso de sus abogados. Por lo tanto, el jefe de Gobierno debe ser investigado por “coacción agravada y abuso de autoridad”, por crear una fuerza de choque para el desalojo de indigentes de la vía pública.

Por Eduardo Videla

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere despegarse de la causa en la que se investigan los ataques contra personas en situación de calle cometidos por la UCEP, pero no puede. Ayer la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja presentado por el jefe del PRO y confirmó que debe seguir imputado en la causa. En consecuencia, Macri debe ser investigado por los delitos de “coacción agravada y abuso de autoridad en diecisiete hechos cometidos por el organismo de penosa fama que él creó: la ex Unidad de Control del Espacio Público. El jefe de Gobierno ya está procesado por asociación ilícita en otra causa, por el espionaje ilegal a ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires.
Macri está involucrado en la causa por haber firmado el decreto de creación del organismo, cuya misión era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. Para persuadir mejor a las personas en situación de calle, los agentes de la UCEP desarrollaban su actividad entre las 23 y las 6 de la madrugada, cuando la gente dormía. Entonces los desalojaban bajo amenazas y agresiones y luego tiraban sus pertenencias a un camión compactador. Pero no sólo firmó el decreto sino que habría solicitado alguno de los procedimientos, según documentación que obra en la causa.
Macri había sido sobreseído en diciembre de 2011 por la jueza a cargo de la causa, María Fontbona de Pombo, pero la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento, en abril de 2012, por lo que el jefe de Gobierno volvió a ser investigado por su responsabilidad en los hechos denunciados.
Los abogados del jefe de Gobierno, Alejandro Pérez Chada y Eduardo Bonino Méndez, fueron en queja ante la Cámara de Casación. El tribunal se expidió el 11 de julio, último día antes de la feria judicial, aunque la resolución se conoció ayer. En el fallo, la Sala II de la Cámara, presidida por Alejandro Slokar e integrada por Angela Ledesma y Mariano Borinsky, resolvió rechazar el recurso presentado por los defensores.
Los jueces resolvieron por unanimidad no hacer lugar a la demanda argumentando que “el pronunciamiento cuestionado ha sido sustentado razonablemente y los agravios del impugnante sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”.
Los camaristas recuerdan que Macri había sido indagado en la causa por “haber dispuesto, con la colaboración del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, la conformación de una repartición pública cuyo objeto era desocupar los lugares públicos –calles, plazas, bajos de autopistas– de personas en situación de calle que pernoctaban allí, en numerosos casos mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley, al dictar el 21 de octubre de 2008 el decreto 1232/08, cuyas previsiones resultan contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, a la Constitución nacional y a la Constitución de la Ciudad”. También le reprochan “no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo.”
El abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas, advirtió sobre el “llamativo” sobreseimiento que la jueza Fontbona de Pombo dictó en favor de Macri cuando ella estaba subrogando al juez a cargo de la causa, Roberto Murature, luego destituido. Albor fue el único que apeló esa medida –el fiscal no lo hizo– y la Cámara de Apelaciones le dio la razón, declarando nulo el sobreseimiento. “Eso implicó que quedaran en pie los diecisiete hechos denunciados y no solamente los dos que yo patrocinaba”, dijo a Página/12.
La decisión de los camaristas Jorge Rimondi, Luis María Bunge Campos y Alfredo Barbarosch, en abril de 2012, fue unánime. Para ellos, el sobreseimiento se había adoptado sin que se hubieran hecho investigaciones suficientes. El propio Barbarosch recordó que entre las pruebas reunidas en la causa se encontraron planillas de la UCEP con pedidos de procedimientos y sus resultados, en uno de los cuales figuraba Macri –entre otros altos funcionarios porteños– como solicitante del operativo (ver aparte).
En tanto, los camaristas Rimondi y Bunge Campos opinaron que debía investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, ya que seis meses después, cuando ya la Defensoría del Pueblo porteña había emitido cuatro resoluciones denunciando los atropellos de esa fuerza de choque Macri ratificó el funcionamiento del organismo con un nuevo decreto, el 145/2009, firmado el 2 de marzo de ese año. Mediante esa norma se limitó a desplazar al jefe de la UCEP, Fabián Rodríguez Simón. Pero los desalojos violentos continuaron hasta 18 de noviembre de 2009, cuando Macri disolvió el organismo. Un mes antes, la Defensoría del Pueblo, el CELS y la Defensoría oficial le había reclamado a Macri esa medida.
Al prestar declaración indagatoria mediante un escrito, el jefe de Gobierno deslindó responsabilidades en su ministro Piccardo, de quien dependía la UCEP como organismo descentralizado. “Pero Macri no podía desconocer los hechos denunciados porque no ocurrieron un solo día”, cuestionó Albor. “Además, si Piccardo lo hubiera engañado, no lo hubiera puesto al frente de Subterráneos de Buenos Aires.” Otro que se recicló fue Jorge Polini, ex director de Ordenamiento del Espacio Público y jefe de la UCEP: recientemente fue designado asesor de Piccardo en Sbase.
El jefe de Gobierno no es el único imputado en la causa. Lo acompañan Piccardo y unos treinta agentes de la patota. Todos están con “falta de mérito”, lo que significa que siguen vinculados con la causa y deben ser investigados. La causa lleva más de un año y medio paralizada.
Las víctimas patrocinadas por Albor son Carla Baptista –una mujer que estaba embarazada y fue sometida a manoseos por parte de los integrantes del grupo de choque– y Graciela Cisneros. Ambas fueron desalojadas violentamente del espacio que ocupaban en la calle Pasco, debajo de la autopista 25 de Mayo, en octubre de 2009. Otro de los afectados es Angel Cánepa, a quien el 7 de octubre de 2008, entre 15 y 20 personas de la UCEP le patearon la casilla que había armado bajo la autopista y lo amenazaron con cortarle el cuello si no se iba en 48 horas.
Aunque en los papeles la UCEP fue disuelta en noviembre de 2009, diversas denuncias dieron cuenta del accionar de una fuerza residual después de esa fecha. En un allanamiento a oficinas del Edificio del Plata, el juez Roberto Andrés Gallardo halló indicios que daban cuenta de la continuidad de ese grupo de tareas en diciembre de ese mismo año. Lo hizo ante denuncias por el desalojo violento de una persona en situación de calle por personas que llevaban remeras de la UCEP formuladas por estudiantes y por cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Los tiempos cambiaron y también los procedimientos. “Ahora está la Policía Metropolitana, que todas las mañanas despierta a los indigentes que duermen en las plazoletas de la 9 de Julio”, dijo el abogado Albor. El 8 de julio último, una cuadrilla del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el apoyo de un camión compactador de la empresa Cliba, procedió a cercar con cintas el área ocupada por una persona indigente, en Saavedra 50, en el barrio de Balvanera, y después de despertar al ocupante arrojaron sus pertenencias en el compactador. En la escena –de la cual fue testigo este cronista– no había personal de Buenos Aires Presente, el servicio de asistencia a las personas sin techo.

Como vota Michetti, la candidata del PRO en la Ciudad

Y.. vota muy a lo macri..