Detrás de cada auto que las grúas "levantan" en las calles de la Ciudad de Buenos Aires existe un gigantesco negocio que desde hace 22 años beneficia a dos empresas privadas, las mismas que pagan al Estado porteño un canon irrisorio por explotar este servicio y facturan al año cerca de 114 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales. Estas compañías tienen, además, el monopolio del estacionamiento medido, a través de los parquímetros y tickeadoras.
Se trata de las firmas Dakota SA y BRD SAICFI, que operan, respectivamente, con los nombres de STO (Sistema de Tránsito Ordenado) y SEC (Sistema de Estacionamiento Controlado), siglas que aparecen estampadas en las 35 camionetas Ford F100 que hacen las veces de grúas en la Ciudad, de acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Concesiones.
Fue en junio de 1990, de la mano del ex intendente menemista Carlos Grosso, que estos grupos se quedaron con el servicio de acarreo y estacionamiento en el micro y macrocentro, dividiéndose la Capital Federal en dos: el sur para SEC y el norte para STO. Ese contrato caducó en febrero de 2001. Desde entonces, todos los gobiernos municipales prometieron llamar a una nueva licitación, pero nunca ocurrió, por lo que hoy siguen operando con los permisos vencidos, gracias a renovaciones precarias. Según fija la Ley Nº 4003, de no relicitarse antes de fin de año, el Ejecutivo local tendrá que hacerse cargo del servicio por su cuenta.
Para conocer cuán rentable es esta actividad, basta con ver el movimiento constante de las grúas, que trabajan las 24 horas. Sin embargo, la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad sostiene que en 2011 se levantaron 12 mil vehículos por mes, es decir, que cada móvil habría levantado apenas un coche cada dos horas. Para las fuentes consultadas por Tiempo Argentino, esas cifras están muy alejadas de la realidad. El legislador Rafael Gentili, de Proyecto Sur, aseguró que "la cantidad de autos remolcados que da el gobierno es muy baja. Según pudimos averiguar, es por lo menos el doble. Serían unos 25 mil por mes. Vamos a hacer un pedido de informe para contar con información más precisa." Por su parte, un ex asesor de la Comisión de Transporte de la Legislatura, que pidió mantener en reserva su nombre, agregó que "al no tener los registros contables de las empresas, es muy difícil saber, porque mientras el gobierno habla de 12 mil autos al mes, las ONG que vienen trabajando en el tema cuadriplican el número". Para Juan Chavarri, de la ONG No al Parquímetro, cada grúa puede levantar hasta dos coches por hora, es decir, 48 en un día. Esto arroja, sumando las 35 camionetas en funciones, 1680 autos remolcados por jornada y 50.400 por mes.
En los próximos días comenzará a regir el aumento del 84% en el costo del acarreo aprobado por Mauricio Macri, por lo que cada infractor deberá pagar $ 350 a STO o a SEC (ver aparte). Según datos oficiales, esto significa que ambas compañías recaudarán $ 50,4 millones al año. En cambio, si se tienen en cuenta las estimaciones de las ONG, habría que multiplicar esa facturación por cuatro, superando los $ 200 millones.
Pero el negocio no termina ahí. Hasta hace tres años, las concesionarias abonaban al Ministerio de Desarrollo Económico porteño un canon irrisorio: $ 1000 al mes. Recién en 2011 ese monto pasó a $ 30.000, pero un acuerdo firmado con el macrismo en febrero de ese año estableció, en su cláusula sexta, que la suba comenzaba a regir "a partir de la fecha en que el GCBA cumpla con el pago de los mayores costos". Es decir, cuando el gobierno porteño reintegre a las empresas los aumentos salariales que vienen abonando desde enero de 2009. Tiempo consultó a Desarrollo Económico para saber si, efectivamente, se está cumpliendo con el nuevo canon, pero no obtuvo respuesta. En el caso de que así fuera, el reciente aumento en el acarreo facilitó mucho las cosas para las compañías: con sólo levantar 86 autos de la calle ya lo habrán cubierto. "Pagan apenas un 1% de lo que recaudan", resumió Gentili.
Y hay más. Desde la asunción de Macri, se sumaron otras ventajas para las empresas. Antes, por ejemplo, las grúas no trabajaban los fines de semana, y hoy lo hacen las 24 horas, los 365 días del año. Hasta 2007, los adicionales de los policías que iban arriba de las camionetas para labrar el acta de infracción a los automovilistas, eran pagados por SEC y STO. Pero ahora es el Ejecutivo porteño el que se hace cargo, remplazando a esos policías con 168 agentes de tránsito, cuyos sueldos le significan a las arcas de la Ciudad, según pudo averiguar este diario, una erogación aproximada de $ 670 mil por mes.
Para Chavarri, es "como si un vecino quiere abrir un kiosco y pide a cambio un policía de la Metropolitana para que lo vigile y, si tiene que salir, le atienda un rato el kiosco. Es de locos". La ONG que preside ya presentó un amparo judicial contra las concesionarias, por considerar que colocaron parquímetros fuera de los límites permitidos. "Todos los funcionarios reconocen que esto es irregular y dicen que lo van a cambiar, pero nunca lo hacen", afirmó el titular de No al Parquímetro, y agregó: "No sólo se le amplió las fronteras a las empresas sino que se le dio agentes de tránsito a cada empresa para que vayan arriba de la grúa." Lo mismo sostuvo Sandra Vellido, fundadora de la ONG Malditos Parquímetros, para quien se trata de "un gran negociado que deja millones de pesos que nadie contabiliza. Es la caja negra de la política de Macri, que pagamos todos los vecinos." Vellido también denunció que no siempre los coches levantados se encuentran en infracción. "Recibimos un promedio de veinte denuncias por día, un 80% más que hace dos años. La gente se queja porque les remueven el auto aunque lo tengan bien estacionado", acusó.
El ex legislador y actual auditor general de la Ciudad, Eduardo Epszteyn, manifestó a Tiempo que a las compañías "no los mueve el mejoramiento del tránsito sino un afán recaudatorio" y que "con el macrismo se expandió el negocio a más barrios y las grúas sólo levantan autos cerca de donde tienen las playas de remolque". Hoy, cada empresa cuenta con dos estacionamientos de este tipo.
En cuanto a los nombres detrás de estas operaciones, la mayoría comparte el bajo perfil y, en algunos casos, una fama adquirida a mediados de los ’90. Reinaldo Niella, un empresario de origen paraguayo radicado hace muchos años en Argentina, es el dueño de STO, si bien hoy, en la práctica, es uno de sus sobrinos, Marcelo Daniel Violante, quien está a cargo de la firma.
En 1997, Niella le vendió al grupo estadounidense The Dial Corporation la fábrica de jabones Federal en 35 millones de dólares, diez veces más de lo que él la había pagado. Además, manejó una constructora, fue socio del Banco Patagónico e incursionó en el sector petroquímico. Actualmente, Niella también se dedica a proveer Internet inalámbrica a más de 20 mil clientes en cinco provincias, a través de Telefonía Pública y Privada SA.
En el caso de SEC, su titular es Ricardo Chiantore (h). Hasta hace pocos años, quien manejó los hilos de la compañía fue su padre, José Ricardo Chiantore, cercano al ex presidente Carlos Menem, a quien supo acompañar en comitivas oficiales. Hasta despuntaron juntos el hábito de la caza deportiva, como miembros del Safari Club International (SCI), una influyente organización que en Argentina tuvo como presidentes al propio Chiantore y al ex ministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.
De esta forma, mientras Macri se decide a llamar a una nueva licitación, estos concesionarios siguen embolsando tantas ganancias como autos levantan sus grúas en las calles porteñas.
Números redondos
12.000 vehículos son los que, según el PRO, se acarrean por mes. Legisladores opositores duplican esta cifra. Y las ONG hablan de hasta 50.400.
$ 4,2 millones es lo que van a recaudar las empresas por mes con la nueva tarifa. Para la ONG No al Parquímetro, en realidad serán más de $ 17 millones.
86 autos son apenas los que cada compañía necesitará acarrear para saldar el canon de $ 30 mil que les pide el gobierno porteño.
Dos ong exigen que se dé marcha atrás con la suba
En los próximos días, los automovilistas que dejen sus vehículos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a pagar el aumento del 84% por el acarreo, que de $ 190 trepó a $ 350. El incremento fue autorizado por el macrismo a pesar de que las dos empresas concesionarias operan gracias a la sistemática renovación precaria de sus licencias, vencidas desde 2001.
No obstante el reclamo de los usuarios, la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal, justificó el incremento de $ 160 argumentando que "requería un ajuste, porque no se actualizaba desde 2008". En ese momento, la suba había sido mucho menor: de $ 150 se pasó a los $ 190 hasta hace poco vigentes.
En declaraciones a la prensa, Vidal sostuvo que "al gobierno no le importa tanto la multa como las infracciones de tránsito en general, (sino) que todos empecemos a ser más conscientes de cómo manejamos y dónde estacionamos".
En esa misma línea, la vice de Macri puso el acento en el supuesto objetivo concientizador del trabajo que realizan las incansables grúas de las empresas STO y SEC. "Lo más importante no es cuánto se recauda, sino que todos sean conscientes de dónde se deja el auto", insistió Vidal.
La suba dispuesta por el PRO empezará a regir luego de que el Ejecutivo porteño publique el decreto autorizándola en el Boletín Oficial.
Otra concesión en la mira
La polémica por las licitaciones en la Ciudad no es exclusiva de las grúas. Lo mismo sucedió con la concesión del Mobiliario Urbano que, luego de once años de dilación y acusaciones judiciales, en marzo pasado fue adjudicada a tres empresas. Sobre una de ellas pesaba una denuncia por adulteración de documentos durante la licitación. La firma sospechada era Publicidad Sarmiento, de los hermanos Eduardo y Orlando “Orly” Terranova, quien en 2010 fue candidato a concejal del PRO en Mendoza. En junio de 2011, la Sala III de la Cámara de Casación Penal finalmente sobreseyó a los empresarios y al propio Mauricio Macri, entre otros funcionarios de su gestión.
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